Los controles de precios y el fracaso del comercio castrista a un año vista

Elías Amor Bravo, economista

A vueltas con lo mismo de siempre. Granma publica hoy un artículo titulado “Regular y abastecer: ¿las dos puntas de un mismo problema? que permite comprobar que los efectos de la política de control de precios acaban siendo un desastre para todos y alejan la realidad económica de Cuba del funcionamiento ideal de mercados, consumidores, precios. Lo que se dice en el artículo, no tiene desperdicio.
Al parecer, los autores señalan que “el origen del problema se encuentra en el incumplimiento de unas normas del llamado Ministerio de Finanzas y Precios relativa a la presencia de productos agropecuarios en mercados y plazas, la variedad de la oferta y la balanza de los precios”. Pienso que es justo lo contrario. Las normas de fijación de precios acaban provocando efectos contrarios a los buscados, e incluso no deseados. Tras pasado algo más de un año desde la entrada en vigor de las normas, “continúan las inquietudes en torno al tema: ¿qué ha cambiado?, ¿acaso se cumplen las normativas?, ¿o es que el verdadero problema no reside ahí?”
La respuesta a estas preguntas es muy fácil. La norma que controla los precios está mal diseñada y va en contra de los objetivos que tiene cualquier mercado, que en esencia, es igualar oferta y demanda. Lo decíamos hace un año, es difícil, por no decir imposible, que un mercado funcione cuando se establece un listado de precios fijos por el cual deben regirse las entidades gestionadas por cooperativas no agropecuarias (CNA), las que son abastecidas por el Ejército Juvenil del Trabajo (EJT) y los mercados agropecuarios estatales (MAE), para la venta de sus productos. Más grave aún es la exención de los controles de precios a los mercados agropecuarios de oferta y demanda (MAOD) y los arrendados por trabajadores por cuentapropia. Asimetrías, precios fijos, controles e ineficiencia: el paradigma de la economía castrista llevado a extremo.
Dejando de lado las cuestiones relativas al contenido de la normativa de precios, lo que está claro es que no ha conseguido sus objetivos. Ni se ha logrado un impacto positivo en la cadena de abastecimiento, la implementación no ha estado exenta de errores y el control administrativo ha sido muy deficiente. Y lo que es peor, el artículo señala que “la gestión empresarial y la responsabilidad de los productores con las fechas y volúmenes de entrega, no pueden dejarse de la mano, especialmente cuando se reiteran ciertas inquietudes en la población”.
Puedo estar de acuerdo con la torpeza de los burócratas, pero me resisto a culpar a los productores libres como se hace en el artículo. Básicamente porque a ellos, lo que les interesa es que los consumidores lleven sus cestas cargadas, que paguen un precio justo, obtener ingresos por ventas para cubrir los costes y arrancar un nuevo proceso de producción. Es la lógica del mercado. Simple y contundente, que los castristas se empeñan en distorsionar y destruir.
Al final el problema está en la logística, el transporte, el suministro a los mercados. Es posible liberalizar la producción agropecuaria, pero si al mismo tiempo, los productos no llegan a los consumidores, el fracaso está servido. ¿Dónde se ha visto que el estado tenga que prestar servicios de transporte de mercancías a los mercados de consumo? En ningún sitio. Solo en Cuba.
En los años 50, la economía cubana contaba con una red de distribución y logística impecable que aseguraba el suministro diario de los mercados en calidades y cantidades competitivas. Nadie tenía quejas. Los precios retribuían a los productores y distribuidores y los consumidores satisfacían sus preferencias y necesidades. Todos ganaban. En 2017, la producción no llega a los mercados, los clientes se quejan, los distribuidores no cumplen con sus funciones porque no tienen incentivos, los productores pierden sus cosechas y abandonan. El mal es conocido, pero no por ello, no deja de tener solución.
Mientras que los canales de distribución ya están inventados en todo el mundo, en el régimen castrista hay quienes creen que han descubierto cómo se pone un huevo de pie. Es graciosa la afirmación del artículo de que “hay un eslabón entre la mayorista y el mercado, que es la unidad básica”, las encargadas de hacer la distribución a los agros según su ubicación territorial. Pero ¿qué bobería es esta unidad básica? ¿Para qué más ineptos intermediarios en el canal?
¿Saben los castristas que la coexistencia de entregas de cosechas por los productores al encargo estatal, con las que obtienen los productores privados, está creando asimetrías que lejos de dar solución al problema, lo complican más aún? La respuesta la dan en el artículo, “como norma al productor le conviene más venderle al Estado que a un intermediario, porque conoce de antemano cuánto le vamos a pagar por su siembra de acuerdo con los precios fijados y según la época de cosecha en el año”.
Además, “los productores están obligados a entregar el 80% de la producción porque el Estado les financia paquetes tecnológicos, combustible, y fumigaciones de insecticida. Por qué los privados no pueden hacer eso mismo. La cuestión siguiente es ¿dónde está el producto que debe llegar a los mercados?
Habría que averiguar por qué ocurren esas deficiencias y asimetrías y adoptar las medidas adecuadas para que todos puedan tener horizontes de certidumbre y no solo los que dependen del estado.
La relación de problemas es tan extensa como se quiera, y apunta a ese burdo primitivismo castrista de la organización comercial en Cuba. Cualquiera de estos problemas que se enumeran ya no se presentan en países de niveles de desarrollo inferiores a Cuba. El drama de los cubanos, 58 años después, sigue día a día. Productos de baja calidad que se venden como si fueran de primera, precios que no se rebajan a pesar de darse las condiciones para ello porque se trata de productos con desperfectos o daños, inadecuada definición de las tarimas para los distintos tipos de productos, inadecuada medición de las balanzas de pesaje, problemas de conversión de kilogramos a libras en las digitales, insatisfacciones de los consumidores, disminución de ingresos por ventas de los distribuidores, sanciones de los inspectores, entre otros, conforman ese pésimo escenario de la realidad cotidiana del comercio cubano.
Por lo tanto, y a más de un año de la entrada en vigor de las normas sobre los precios máximos, lo que se ha producido es lo que ya anticipábamos: un desastre de desabastecimiento, intermediarios que incumplen, falta de productividad, decisiones organizativas y burocráticas inadecuadas, negligencias de los gestores, entre otros. Las normativas de control de precios causan esos efectos sobre los mercados. Sobre cualquier mercado. Lo que se describe no es ni más ni menos que lo que se preveía, y lo peor puede que no haya llegado aún. Despojarse del lastre ideológico comunista no será fácil, pero no queda más remedio.


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