A vueltas con el papel de la Contraloría

Elías Amor Bravo, economista

 

No es difícil concluir, a la vista de lo que está ocurriendo, que uno de los retos que se plantean las autoridades del régimen castrista es cómo limitar y cercenar el creciente dinamismo económico utilizando las estructuras de control y represión, como la Contraloría, que buscan implantarse dentro del nuevo modelo, prestando un servicio a la jerarquía, en vez de cumplir su función de apoyo a la gestión empresarial.

Cualquiera que conozca de forma somera el papel de las auditorias en el mundo de las empresas sabe que las mismas consisten en realizar un examen de los procesos y de la actividad económica de las empresas y organizaciones para confirmar si se ajustan a lo fijado por las leyes o los buenos criterios. Es decir, una fuente de información para inversores, stakeholders y el público en general, sobre la manera de actuar de la empresa y la calidad de sus cuentas, amén del respeto a la legalidad.

En el desempeño de estas funciones, el auditor se convierte en un órgano externo e independiente a la dirección de las empresas y organizaciones. De hecho, cuanta mayor es esa independencia de criterio y de actuación, se otorga una credibilidad también superior al trabajo realizado. Las auditorías se encargan por medio de procedimientos competitivos, en los que se tienden a valorar precisamente no sólo la solvencia profesional, sino el rigor, la independencia y la calidad de los trabajos realizados.

Dicho lo anterior, ¿qué está pasando en la economía castrista con la Contraloría? Pues según se informa en Granma, justo lo contrario. Al parecer a alguien se le ha ocurrido que se debe promover encuentros entre directivos y auditores internos para “fortalecer el trabajo conjunto e identificar posibles soluciones a problemas comunes”. Es decir, en contra de lo que es necesario, la separación e independencia, en la economía de base estalinista y de intervención estatal diseñada por los Castro, es justo lo contrario. Un batiburrillo entre auditores y gerentes cuya finalidad, como dice la nota en Granma que me ha llamado la atención no es otra que “convertir el control en una herramienta de dirección”.

Y aquí vuelven las contradicciones, cuando se reconoce que “la función del auditor interno re­sulta medular como apoyo y soporte de la gestión administrativa”, es decir, y repito, apoyo y soporte. Nada de vigilancia, control y represión. Al parecer, quieren eliminar de las empresas y entidades “aquellos actos que laceran la eficiencia y constituyen caldo de cultivo para las in­disciplinas y los hechos de corrupción”, sin tener en cuenta, como ya hemos tenido ocasión de exponer en otras entradas en este blog, que muchos de estos actos que actualmente se penalizan en el sistema económico castrista tienen su razón de ser en la compleja maraña de leyes, normas, disposiciones administrativas y órdenes de todo tipo que tratan de regular el funcionamiento de los agentes económicos. Cuando esas normas absurdas desaparezcan, las “indisciplinas y la corrupción” también lo harán.

Pero en tanto llega ese aire limpio que necesita la economía castrista para funcionar, la Contraloría se entretiene y como cualquier otro organismo de la dictadura, se pone al servicio de la jerarquía, impulsando una serie de auditorías en las que se obtienen “todo tipo de quejas y denuncias y los hechos de corrupción reportados”.

¿Y dónde se concentrar las irregularidades? Lo dicho. Todo muy grave, según fuentes de la Contraloría, “en la contabilidad, la contratación, las cuentas por cobrar y pagar, los pagos indebidos, los inventarios, el control del combustible, así como los procesos de entrega y recepción de cargos”. Es decir, poco más o menos, en el día a día de la actividad empresarial. Nada escapa de este control represivo sobre la economía, porque va dirigido precisamente a ello.

Nadie va a cuestionar la necesidad de implantar sistemas de control interno a la gestión empresarial al tiempo que se fomenta la participación de todos los trabajadores en la mejora de la gestión. Antes de 1959, Cuba tenía una alta reputación en el manejo de su sistema contable y de auditorías. Muchos de aquellos profesionales de alta competencia huyeron de la represión castrista y pudieron trasladar sus conocimientos a otros países donde desarrollaron sus carreras. Conviene recordar, para que nadie olvide, que fue el Che Guevara, a la sazón ministro de economía, el que dijo que “Contabilidad de las empresas para qué” y de aquellas tempestades nos encontramos los actuales barrizales.

Nadie va a cuestionar el papel que desempeña el auditor interno como elemento esencial en el control previo. Pero lo que no se puede es pedir peras al olmo, y en contra de lo que dice la señora Bejerano, vicepresidenta del Consejo de Estado y contralora general, los auditores no están para luchar contra la ineficiencia económica de la economía castrista, ni para estar denunciando ilegalidades y corrupción. Es justo lo contrario de lo que ella afirma. Cuanto más se utilicen los órganos de auditoria para controlar y reprimir la actividad económica, menos se estará actuando en favor del objetivo de eficiencia. Lo prioritario es cambiar el marco. Y en ello, no parece que esté nadie de momento.

Si se analizan las intervenciones de otros participantes en esta actividad de la Contraloria, se puede llegar a la conclusión de que hay mucho que hacer, pero no precisamente para reprimir y denunciar la actividad económica que trata de abrirse camino en la Isla, sino todo lo contrario. Al final, es lo de siempre, “bajo nivel de preparación de los profesionales, insuficiencia de las plantillas, el papel de la dirección, la voluntad de los jefes, sus equipos de dirección y los colectivos laborales”. Esta historia ya la hemos visto antes.