¿Qué queda del embargo?

Elías Amor Bravo, economista

Aprovechando la visita del Papa a Cuba, la Administración Obama ha querido dar pasos decisivos para derribar el embargo comercial de Estados Unidos, vigente durante medio siglo. Ha elegido un buen momento. Incluso, algunos analistas han señalado que la posible decisión de Estados Unidos de no oponerse a una posible condena de Naciones Unidas, durante la próxima Asamblea de principios de octubre, sería un poderoso argumento para reforzar las últimas medidas liberalizadoras que entraron en vigor el pasado lunes 21 de septiembre.En La Habana, hay malestar.

Conviene tener presente que las leyes que sustentan el llamado embargo de EEUU al régimen castrista pertenecen al ámbito parlamentario, y por tanto, de la mayoría Republicana en el Congreso, poco favorable a las tesis del presidente. Sin embargo, a la vista de lo sucedido, parece que la diplomacia de Obama está convencida de la necesidad de suprimir las históricas prohibiciones a la isla, un guión liberalizador que continúa a la espera de que el régimen haga lo suyo, con algún gesto de apertura.

Si la diplomacia norteamericana en el seno de la Asamblea de Naciones Unidas apostara por rechazar una nueva iniciativa de condena del embargo, por medio de la abstención, aprovechando la anunciada visita de Raúl Castro a la sede de esta organización, estaríamos sin duda ante un escenario nuevo en el deshielo en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, que tuvo su primer desarrollo con la reapertura de ambas embajadas en Washington y La Habana.

El paquete liberalizador aprobado por el gobierno de Obama es aún más ambicioso que el adoptado durante el pasado mes de enero. A partir de ya mismo, ciertas empresas norteamericanas podrán iniciar negocios en Cuba, en sectores que incluyen los servicios empresariales, los viajes, las telecomunicaciones, la banca y las remesas; se han retirado los límites a las remesas de dinero enviadas a la isla; igualmente se ha autorizado a familiares de cubanos a viajar a la isla con mayor libertad; también la contratación de cubanos por parte de empresas tecnológicas estadounidenses en el desarrollo de aplicaciones para móviles. Primera vez que esto ocurre desde los años 60.

Algunos analistas como el presidente del Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, John S. Kavulich, destacan que "con estas nuevas medidas se ha neutralizado un 40% del embargo". Sin embargo, han recibido duras críticas de los republicanos, y en especial del aspirante a la carrera presidencial. hijo de cubanos, Marco Rubio, quien ha señalado que no sólo perjudican a la causa de una Cuba libre, sino que plantean serias dudas sobre la legalidad de algunas de las regulaciones de la Administración Obama.

En cualquier caso, al lanzar la piedra sobre el tejado de los Castro, las medidas del gobierno de Obama vuelven a poner presión sobre la dictadura comunista, cuyo régimen continúa enrocado, sin mover ficha, a pesar de las opciones que el nuevo entorno le permiten. Ahora debe ser el régimen quien autorice la concreción de las nuevas medidas, y dado el control absoluto que se ejerce sobre la economía no parece que se vayan a producir cambios significativos.

Desde hace tiempo, los Castro desconfían de una relación fuerte y abierta entre Estados Unidos y Cuba. Saben que ello tiene un potencial muy poderoso para derribar los obstáculos creados por el régimen para conseguir su supervivencia. Por ello, a pesar de la voluntad del gobierno Obama por normalizar las relaciones, el régimen se resiste y busca en la propaganda los instrumentos necesarios para ganar una batalla que ya tiene perdida.

Porque la realidad es que cuanto más tarden en aceptar que han perdido y en la medida que retrasen lo inevitable, y absolutamente necesario, que es el regreso de Cuba a la sociedad occidental, más dura y difícil será la caída de este régimen y más problemática la transición a la democracia. Al tiempo, son muchos los que empiezan a pensar que todo el esfuerzo de Obama por normalizar las relaciones económicas, no encuentra respuesta en los Castro, que se reservan siempre la última palabra, en un ejercicio poco democrático de diálogo y negociación.

La sorpresa no tardó en saltar.

El diario Granma, periódico oficialista del único partido autorizado en la Isla, calificó con un tono de cierto desprecio, de “novedoso” el permiso a empresas de EEUU para abrir oficinas en la Isla, al tiempo que mostraba sus duda sobre la viabilidad.,y calificó de “mínimas e insuficientes” las medidas.

Ciertamente, nadie en la administración Obama esperaba una reacción de este calibre. Granma lamentó que "las medidas están enfocadas en sectores específicos, y no en beneficio de toda la sociedad, con un evidente objetivo político" al tiempo que señaló que permanecen intactos los principales "obstáculos". En este sentido, subrayó que "el uso del dólar en las transacciones internacionales continúa bloqueado para Cuba, aunque se sobreentiende que será posible utilizarlo en los intercambios bilaterales". Sin duda, la parte más sensible de la Ley.

Granma aprovechó igualmente para denunciar que "nuestro país continúa sometido a una medida discriminatoria respecto a la principal divisa internacional y se ve obligado a gastar cuantiosas sumas en cambios de divisas para las compras internacionales", y al mismo tiempo, criticó que sigan "totalmente cerradas las posibilidades de acceso a créditos privados para comerciar con Estados Unidos, obligando al pago por adelantado y en efectivo, unas condiciones que no tienen referentes en el mundo de los negocios del siglo XXI".

En un ejercicio de funambulismo político, el periódico del régimen calificó las medidas como carentes de reciprocidad, insistiendo que, por ejemplo, "se limitan casi por completo las exportaciones cubanas a Estados Unidos y no se permite que las entidades y empresas cubanas puedan abrir cuentas en bancos estadounidenses, ni abrir oficinas, como se ha aprobado en la dirección contraria".

El artículo añadió que "también existe un desconocimiento del ordenamiento interno del país y no se abren posibilidades para que las empresas de propiedad social en Cuba, que constituyen la base de la economía nacional y en las que trabaja el mayor por ciento de ciudadanos, participen en los espacios abiertos en la nueva política".

Según Granma, "todo parece indicar que el ambiente derivado de la política de bloqueo no ofrece las garantías suficientes a las instituciones financieras norteamericanas para involucrarse en este negocio" y señaló igualmente que "también pesan en ese sentido las millonarias multas impuestas a varios bancos internacionales y la carga burocrática que implica cumplir con las regulaciones norteamericanas respecto a Cuba".

Finalmente, el periódico calificó de "área novedosa pero de aplicación poco clara, dadas las limitaciones del bloqueo y las características del ordenamiento interno cubano", la posibilidad de abrir representaciones físicas de instituciones y empresas estadounidenses en Cuba.

Esta reacción de Granma ha venido a poner de manifiesto que el camino está todavía muy lejos de haber alcanzado el final. Las autoridades de La Habana, sobre todo el sector más duro del régimen, están convencidos que las medidas de Obama pueden hacer daño.

La secretaria de Comercio, Penny Pritzker ha contribuido al debate con sus declaraciones, al señalar que “estas regulaciones están destinadas a apoyar al sector privado cubano emergente (y) tienen el potencial de estimular reformas económicas en el país largamente pendientes”. En la misma línea se posicionó, el secretario del Tesoro, Jacob Lew, señalando que “al relajar más las sanciones, EE UU está ayudando a apoyar al pueblo cubano en sus esfuerzos para lograr la libertad política y económica necesaria para construir una Cuba democrática, próspera y estable”. Finalmente, James Williams, que dirige Engage Cuba, una organización de empresas y asociaciones que abogan por poner fin al embargo contra la isla indicó que estas medidas “ayudan a apoyar al pueblo cubano y a promover los intereses de EE UU”. Aspectos que, evidentemente, no son de interés para el régimen castrista, que ve con recelo un auge de la sociedad civil que suponga una pérdida del control que mantienen sobre la población.

Todo ello, eso sí, dentro siempre de los límites del embargo impuesto desde hace más de medio siglo contra la isla, y cuyo levantamiento total solo puede decidirlo un Congreso que hasta ahora no ha dado este paso. Aun así, según el Consejo Económico Cuba-EEUU, se trata de los “cambios más profundos en materia de comercio e inversiones entre EE UU y Cuba en décadas”.

Los viajes, el comercio, las actividades financieras, las remesas, los transportes, las telecomunicaciones e internet son la avanzadilla de la presencia de EEUU en la isla que los Castro temen. Ningún otro país del mundo con los que comercia el régimen castrista de forma habitual, Canadá, España, Francia, Italia, la misma Venezuela, pueden tener un impacto tan determinante sobre la organización económica de la Isla, como Estados Unidos. Al final, se cumplen nuevamente las previsiones del gran Arango y Parreño que en pleno siglo XVIII y bajo el dominio colonial español, siempre tuvo claro que el horizonte económico de Cuba estaba en aquellas colonias que iniciaban su vida independiente de Inglaterra. La historia se repite. Esta vez, si cabe, más aún.

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