Corralito castrista, el peor de todos

Elías Amor Bravo, economista

El diario oficial del régimen castrista no escatima esfuerzos. Hoy dedica una especial atención a la situación financiera en Chipre, a la que califican como “corralito a la europea”. Nunca es bueno ver la paja en el ojo ajeno, porque termina siendo más doloroso.

Cuesta creer que un sistema político cuyos dirigentes, desde el principio, suprimieron cualquier derecho de propiedad a la población, estableciendo un sistema basado en el control absoluto de la propiedad por el estado, haga referencia a la seguridad bancaria.

Tal vez convendría recordar que el primer “corralito de América” se produjo en Cuba, en aquellos meses terribles que se sucedieron a la llegada de los llamados “revolucionarios” cuando el entonces ministro de economía, Che Guevara, ordenó la cancelación de todos los depósitos en los bancos, su nacionalización y la confiscación masiva a los que habían otorgado su confianza a las entidades crediticias.

La fecha, fatídica para muchos cubanos, el 5 de agosto de 1961. Después de haber nacionalizado la banca el año anterior, ese día, y sin aviso previo, el régimen castrista realizó un cambio de la moneda nacional por nuevos billetes de banco, que además habían sido impresos en Checoslovaquia para no llamar la atención. El cambio de los billetes para los depositantes se realizó en un solo día, lo que generó largas colas en los bancos, que ya entonces estaban bajo control comunista. La cantidad a cambiar se limitó a 400 pesos por persona. Simultáneamente, las cuentas corrientes en los bancos quedaron bloqueadas sin acceso a sus titulares.

Desde entonces, el sistema bancario castrista ha sido un “zombie viviente” en el que los viejos carteles, títulos y denominaciones de las entidades financieras confiscadas, se mantienen en las deterioradas puertas de los establecimientos, mientras que otras entidades creadas por la llamada “revolución” continúan sin cumplir los fines que se otorgan en cualquier economía a un sistema financiero.

Lo ocurrido a los chipriotas es lamentable. Sobre todo, cuando en la Unión Europea, el respeto a la propiedad privada es mucho más seguro que en el régimen castrista, donde a lo largo de los últimos 55 años cada vez que el poder político atisbaba signos de revitalización de la actividad económica privada, procedía a nuevas olas de confiscaciones, robos sistemáticos, expropiaciones y condenas por el mero hecho de realizar una actividad económica que en cualquier otro país del mundo sería bien recibida.

No es extraño que los cubanos recelen de sus dirigentes a la hora de poner en marcha cualquier actividad por cuenta propia. El temor a una confiscación o a un castigo penal se mantiene porque las leyes básicas que regulan la actividad empresarial privada siguen siendo las mismas que se dotaron durante la llamada “revolución” manteniéndose la base de la planificación central de la economía y la existencia de la propiedad estatal como referencia fundamental del sistema.

Che Guevara aplicó el “corralito” a las grandes empresas de Estados Unidos que operaban en la Isla, a los dueños de las grandes explotaciones e ingenios, de los medios de comunicación, de las empresas de servicios públicos. Eso es cierto, pero con aquellas decisiones confiscatorias también se apropió sin derecho alguno a indemnización de los depósitos de los cubanos que habían trabajado con esfuerzo para conseguir ahorros para su vejez. Las dos décadas de los años 40 y 50 habían supuesto un estímulo muy importante para el crecimiento de las rentas, el consumo y el ahorro de los cubanos. Y el Che, aplicó un “corralito” para apropiarse de toda aquella riqueza y ponerla al servicio de la llamada “revolución” cuando fueron conscientes de que nadie, en su sano juicio, podría prestarles fondos financieros a nivel internacional para llevar adelante las medidas totalitarias que en aquellos primeros momentos del fervor revolucionario se veían venir.

Lo más grave, es que aquellos cubanos confiscados de sus propiedades y ahorros, nunca recibieron contraprestación alguna. Salvo casos puntuales que se concretaron en mariscos o abalorios vergonzantes cuya cuantificación económica se realizó de forma burlesca, nunca el régimen castrista ha tenido la menor intención de compensar a quiénes fueron confiscados en sus activos. El paso del tiempo ha contribuido a agrandar, si cabe, más aun el daño realizado por aquellas medidas.

Los cubanos no se deben dejar engañar por Granma y la manipulación castrista. Los chipriotas podrán perder parte de sus depósitos, pero en la economía de mercado existen fórmulas de compensación que, a medio y largo plazo, pueden actuar de forma positiva, por ejemplo, la conversión en acciones de las entidades o la emisión de certificados de depósito negociables. En el régimen castrista, ni eso. Generaciones de cubanos han muerto sin volver a recuperar ni una pequeña parte de sus activos, de sus depósitos o del valor de sus viviendas. 

Y Castro sigue ahí, autorizando la publicación en Granma de artículos que confunden a los cubanos y les llevan a error.

Porque si efectivamente “muchos chipriotas se sintieron estafados; otros, menos pasivos, reclamaron sus derechos frente a las sedes bancarias”, en el caso de Cuba, nada de ello fue posible por el temor a las represalias y la generalización del terror. Nadie podía cuestionar las decisiones administrativas confiscatorias, porque no existía tribunal alguno que se comprometiera a la defensa de los recursos. Ni siquiera cabía esa fórmula que en el período democrático de la República garantizaba que los derechos no fueran pisoteados.

Los cubanos, a diferencia de los chipriotas, tuvieron que abandonar su país rumbo al exilio, sin más pertenencias que una maleta de reducidas dimensiones. Sin nada de lo que habían construido atrás, y sin la posibilidad de retorno. Esa ha sido la historia de los más de dos millones de cubanos obligados al exilio o a la emigración para poder respirar la libertad.

Muy pocos chipriotas tendrán que padecer este drama. Prácticamente, ninguno. Incluso, si se organizan, pueden llegar a frenar el impacto de las medidas y suavizar sus costes sociales. En Cuba ello no fue posible, porque la represión castrista, las delaciones y el miedo a perder la vida provocaron la salida masiva del país.

El drama de los cubanos expropiados por el régimen castrista es una cuestión fundamental para la construcción del diálogo nacional democrático. Es una cuestión que no admite posiciones intermedias, pero que exigirá de una gran negociación, para no poner en peligro la viabilidad del nuevo sistema democrático que se construya tras la finalización de la dictadura castrista.