Ron Havana Club, la victoria de una marca contra el régimen castrista

Elías Amor Bravo, Economista

Una de las consecuencias de la falta de un legítimo sistema de derechos de propiedad, protegido por las leyes y la justicia independiente es el reciente contencioso entre el régimen castrista y la Corte Suprema de los Estados Unidos, por la renovación del registro de la marca de ron “Havana Club”.

La ausencia de separación de poderes característica de las dictaduras totalitarias ha llevado al régimen castrista a calificar una decisión judicial en Estados Unidos, como un “asunto de carácter oficial”, sobre el que las autoridades de La Habana ya han recibido instrucciones para ver cómo pueden actuar en contra de derechos y patentes de Estados Unidos en Cuba.

Cuando un asunto comercial pasa a tener carácter político y se califica de “oficial”, nos encontramos ante un grave problema, porque este no es el normal funcionamiento de las reglas del juego en la economía de mercado, que es el sistema que, salvo que se diga lo contrario, mejor ha venido reflejando los intereses y relaciones contradictorios entre los agentes económicos durante casi tres siglos.

La Corte Suprema de Estados Unidos, atendiendo una demanda interpuesta por ciudadanos que ven afectados sus derechos, en este caso la compañía Bacardi, decidió no renovar el registro de la marca Havana Club en aquel país, defendido por la empresa Cubaexport y su socio Pernod Ricard, una compañía francesa de producción de bebidas alcohólicas que se había hecho con el control de la marca. Una disputa que se viene produciendo desde hace décadas, y que es consecuencia de la falta de un sistema de derechos de propiedad en la Isla, tras la política de confiscaciones desatada por la llamada “revolución” en 1959.

Tal vez convendría recordar en este punto que ya en 2006, el Departamento del Tesoro no renovó la licencia comercial a Pernod Ricard, distribuidora internacional de Havana Club desde 1993, cuando durante el período especial las autoridades castristas sacaron a la venta todo el patrimonio confiscado en la Isla. Aludiendo a una Ley de 1998 que prohibió la renovación de ciertas marcas comerciales cubanas asociadas a propiedades nacionalizadas tras la revolución de 1959, el Tesoro ponía tierra de por medio y restauraba, al menos en el territorio de los Estados Unidos, la legitimidad de los derechos de propiedad que habían sido conculcados.

Y al igual que ha venido ocurriendo durante casi medio siglo, las autoridades castristas se han lanzado a convertir un asunto judicial en una agresión a Cuba por la potencia imperialista. Estamos tan acostumbrados a este lenguaje que ya no prestamos atención a los flecos que se derivan de estos procesos, y que suelen ser mucho más importantes.  

Ya en 2006, cuando el Tesoro resolvió no conceder licencia a la empresa francesa, el régimen castrista responsabilizó a Estados Unidos de “robo” de la marca, imputando las acciones de tribunales independientes a las decisiones del Gobierno. Lo que se podría calificar como “ver la paja en el ojo ajeno”.

Ahora, al parecer, alguien con más sentido común  se ha encargado de hacer mejor las cosas. Mientras tanto, y conociendo que la causa puede darse por perdida, la corporación Cuba Ron, que opera bajo el paraguas de Cubaexport, anunció que al margen del conflicto de Havana Club la empresa ya ha creado y registrado en EE.UU. una nueva marca denominada “Habanista”, que supondría una “opción comercial” para distribuir el ron cubano en ese país en un futuro, si EE.UU. elimina el bloqueo comercial que aplica a La Habana desde 1962.

Es evidente que nada se puede hacer contra esta decisión de apostar por una nueva marca “Habanista”, si es cierto que no ha sido registrada anteriormente, y a la que desde aquí deseo los mejores éxitos. Pero a partir de hoy, Havana Club en los tribunales de Estados Unidos, y espero que pronto en los europeos, vuelve a ser una marca de su legítimo propietario, que decidirá a su conveniencia lo que debe hacer con ella: potenciarla y mejorarla o hacerla desaparecer. Eso es restaurar derechos, una asignatura pendiente para la normalización económica de Cuba. Para mí sería una auténtica lástima dejar de verla en los mercados por los fabricantes no volvieran a producir. Me he acostumbrado a su envejecido de 3 años, que es magnífico para preparar mojitos. Lo que importa realmente es que se restituya el derecho de propiedad, y que el castrismo entienda que en el mundo civilizado no se puede actuar al margen de la justicia y la legalidad como ha venido haciendo durante medio siglo.

Barcardi ha mostrado a muchos cubanos confiscados en sus derechos de propiedad por el régimen cuál es el camino a seguir. Perseverancia y confianza en los tribunales de la justicia democrática, que siempre han estado a favor de los derechos de propiedad, porque estos son los que sustentan el funcionamiento de una sociedad digna, justa y respetable. El camino a la restauración de los derechos de propiedad, activos y bienes incautados, confiscados y robados por el régimen castrista a comienzos de la llamada “revolución” no será fácil, pero es absolutamente necesario emprenderlo con un gran pacto social entre todas las opciones políticas que protagonicen la transición a la democracia. Si este pacto social fracasa, y no se restauran debidamente los derechos, la evolución de la economía se resentirá, y se perderá una oportunidad de sentar las bases de una nueva sociedad como la que hizo a la República próspera, dinámica y eficiente en sus primeros 50 años de existencia. El marco de la Constitución democrática de 1940 es esencial para recuperar esa institucionalidad perdida.

Tomado de: Cubaliberal, 10 de junio 2012