23 de abril de 2014

Transparencia, credibilidad y atractivo sectorial en la Ley de inversiones extranjeras castrista

Elías Amor Bravo, economista

Los economistas saben que la política de atracción de inversiones extranjeras es una de las más complejas que puede abordar cualquier economía. Forman parte de las denominadas políticas estructurales, porque sus efectos suelen producirse y, por tanto, evaluarse a medio y largo plazo.

En el contexto de globalización de la economía mundial, que integra mercancías, servicios, capitales y tecnologías, las inversiones extranjeras se convierten en un agente activo que estimula los procesos descritos. Aquellos que piensan que en el siglo XXI es posible recurrir a la vía autárquica para superar las cadenas del subdesarrollo, están completamente equivocados.

La inversión extranjera puede dirigirse a un país por numerosos factores, entre los cuáles, la existencia de un marco jurídico estable y predecible, es condición necesaria, pero no suficiente. El capital privado recela de los entornos de incertidumbre y riesgo, desconfía de quiénes no pagan sus deudas en los plazos estipulados, y no ofrecen garantías jurídicas objetivas para el desempeño eficiente de los negocios.

Además, ¿qué sentido tiene mantener un sistema económico controlado centralmente por el gobierno, en el que más del 90% de los trabajadores están ocupados en el estado y dónde la iniciativa privada es residual? ¿Con quién deben relacionarse los inversores extranjeros que quieran situar sus capitales en el país? ¿Tal vez con el estado y sus organismos? En el caso cubano, el régimen ya ha ideado una solución al crear un organismo del estado encargado de contratar los trabajadores que, posteriormente, son cedidos a las empresas extranjeras que invierten en el país.

Tal vez , la Organización Internacional del Trabajo debería abrir un expediente informativo al régimen castrista por prácticas absolutamente contrarias a los derechos de los trabajadores a la contratación efectiva. Nada más y nada menos que en un país que se ha autoproclamado históricamente como el paraíso de los desprotegidos.

Básicamente, los economistas identifican tres factores determinantes como ejes de la captación de inversiones extranjeras: transparencia, credibilidad y atractivo sectorial. En cierto modo, los tres se encuentran estrechamente relacionados y tienden a alimentarse unos con otros. Las políticas de atracción de las inversiones extranjeras deben lidiar con estas cuestiones, y despejar las incertidumbres para facilitar el acceso de los capitales. Otra cosa es que lo consigan. El caso del régimen castrista, con su reciente Ley de inversiones extranjeras, puede ser una referencia de interés para este análisis.

Transparencia. No hace mucho tiempo que las autoridades del régimen entraban en un agrio conflicto con los estadísticos de Naciones Unidas, al intentar imponer una medición del valor de sus cuentas nacionales, que en absoluto se correspondía con los estándares internacionales. Es un asunto antiguo, al que no vale la pena dedicar mucho tiempo ya que finalizó, de forma incomprensible, con la aceptación por Naciones Unidas de la información macroeconómica ofrecida por el régimen castrista. Más propaganda que otra cosa. El tiempo ha situado las cosas en su sitio. La economía lleva años creciendo por debajo de sus tasas planeadas.

Credibilidad. Cabe afirmar otro tanto. ¿Qué se puede esperar de un sistema económico dirigido por gestores que mantienen una dualidad monetaria que genera no pocos problemas en la medición contable de la actividad económica? Los agregados principales son cuestionables, y por ello, la economía pierde credibilidad. No es posible realizar contrastes con las magnitudes de otros países, y se debe recurrir a los indicadores que el régimen utiliza como instrumentos de propaganda, como el índice de desarrollo humano, por ejemplo.

Atractivo sectorial. El inversor extranjero que accede al catálogo que recoge la Ley de inversiones extranjeras castrista lo primero que encuentra son prohibiciones. Educación, sanidad o industria militar se encuentran vedados al capital extranjero. No es un buen comienzo. En principio, una política de atracción de inversiones extranjeras no debería condicionar de ese modo las preferencias de los inversores. Y luego, ¿qué se ofrece? El principal sector de la economía, el azúcar, se encuentra completamente hundido. La minería ya está controlada por empresas de capital extranjero desde hace décadas. Otro tanto sucede con el parque de instalaciones hoteleras que se gestiona por empresas internacionales. ¿Qué es lo que queda para invertir?

Los medios se han hecho eco que el régimen castrista ha iniciado negociaciones con el Club de París, para poner el contador de su deuda a cero, o tratar de reducirla al máximo posible. No es una mala noticia. No le queda más remedio que hacerlo, si quiere atraer inversores extranjeros de confianza. De hecho, desde hace tiempo intenta que los rusos de Putin le perdonen las deudas de la época soviética. Una tarea harto difícil porque es imposible trasladar aquellos importes a las condiciones financieras actuales. Otros países han sido más favorables a ceder.

Pero el Club de París es una organización seria y respetable, y aquellos que acuden a su sede en demanda de financiación tienen que aceptar las reglas del juego. Fidel Castro, durante décadas, creyó que se podía vivir sin pagar. Su hermano se ha encontrado con el efecto de la dura realidad, y ya está en la cola de los deudores. Es un paso necesario para reducir el alto riesgo asociado a la inversión en una economía cuya “constitución” insiste en la propiedad estatal de los medios de producción. Una letra muy mal escrita, con una música absolutamente desafinada en los tiempos que corren.



15 de abril de 2014

El Mariel, las inversiones extranjeras y la unificación monetaria: a vueltas con el laberinto castrista

Elías Amor Bravo, economista

Alguien ha cometido un error de graves consecuencias.
¿Será acaso 1 a 10 el cambio de la unificación monetaria? Ya hay algunas pistas.

En la isla del doctor Castro, Fidel, cualquier cosa es posible con su hermano Castro, Raúl. O sea, más de lo mismo, pero elevado a la enésima potencia. Ya nos temíamos el peor de todos los escenarios posibles para la anunciada unificación monetaria, pero se acaba de confirmar la más grave de las previsiones.

Los medios se han hecho eco hoy de algunas informaciones que indican que los trabajadores de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, en principio donde se van a localizar las inversiones extranjeras de las que tanto alardea el régimen en los últimos días con toda la propaganda oficial, van a cobrar solamente el 80% de los salarios pactados entre la agencia empleadora estatal y las empresas extranjeras. El estado comisionista se lleva un 20% de la masa salarial. No ex extraño que hagan falsas moratorias fiscales. Ya se sabe de dónde van a sacar el dinero. Nunca es razonable empezar a construir una casa por el tejado. Tal vez si los proyectos de inversión que se establecen en El Mariel son capital intensivos, les puede salir el tiro por la culata. Pero esa es otra historia.

Sin embargo, existe otra noticia, complementaria a la anterior, que es más relevante. Se informa que los salarios en El Mariel serán pagados en moneda nacional y el Gobierno aplicará una tasa de cambio especial, de 10 pesos cubanos (CUP) por 1 peso convertible (CUC), cuando la tasa de cambio oficial es de 24 CUP por 1 CUC.

Vamos a ver si lo podemos comprender. Un camarero contratado en un hotel de La Habana de la cadena Meliá, a unos 40 kilómetros de El Mariel, por su trabajo percibe un sueldo de 20 CUC, equivalentes a 480 CUP al cambio antes mencionado. Sin embargo, ese mismo camarero si es recolocado en una cafetería de la Zona de El Mariel, va a cobrar igualmente 20 CUC, pero en pesos cubanos, su sueldo quedará en 200 CUP, por obra y gracia de la disposición de las autoridades antes mencionada.

¿Qué consecuencias cabe esperar de todo este lío? Pues muy sencillo, o en la Zona de El Mariel pagan más las empresas en CUC para igualar la retribución en CUP (lo que sería un coste más elevado que actúa negativamente sobre los beneficios de las empresas y una mayor recaudación para el estado por la masa salarial) o van a tener dificultades para encontrar trabajadores, ya que será mucho más interesante quedarse en La Habana o en Varadero y cobrar más, con menos sueldo, al cambio de 1 por 24. Ahora se comprende por qué han tenido que crear la agencia estatal para enviar trabajadores a El Mariel.

Ya nos temíamos el peor de los escenarios cuando la directora de la oficina reguladora de El Mariel, Ana Teresa Igarza, declaraba hace tan solo unos días que a la hora de pactar el salario, se iba a tener en cuenta “el valor de la fuerza de trabajo en la región, y específicamente en Cuba”. Esa frase no deja de ser una bobería si se tiene en cuenta que en Cuba desde 1959 no existe un mercado de trabajo que pueda fijar, siquiera de forma remota, el valor real del trabajo. Esta es una de las consecuencias más nefastas del sistema de planificación central sin derechos de propiedad creado por los Castro, y ahora, 55 años después, no hay forma de darle una solución razonable. Al parecer, esta disposición de rebajar el salario en CUP para los que ocupen los empleos de El Mariel, tiene poco que ver, a no ser que este cambio de 1 a 10 sea el que están barajando las autoridades para poner fin a la dualidad monetaria.

Y aquí es donde conviene detenerse si quiera unos instantes. Con el nivel de secretismo que se está realizando el proceso de unificación monetaria, las noticias como la que estamos comentando, trasladan señales que pueden crear efectos muy negativos en el comportamiento de los agentes económicos. Si finalmente fuera éste el cambio, 1 a 10, en vez de 1 a 24 que rige actualmente, es evidente que los tenedores de CUC van a experimentar una pérdida muy destacable en el valor de sus activos al cambiarlos a CUP, prácticamente la mitad.

De modo que si este tipo de noticias se van difundiendo por la Isla, no me extraña que cunda el pánico y que la gente saque rápidamente sus ahorros en CUC para cambiarlos cuanto antes. Un desplome en la cotización del CUC de estas magnitudes puede acarrear, sobre todo en los mercados negros, cambios incluso inferiores conforme el pánico de la gente vaya en aumento, y trate de cambiar todo el efectivo en CUC al cambio más alto posible que puedan obtener.

La conclusión que cabe extraer es que en un momento especialmente delicado como el actual, en el que la economía castrista tiene que resolver graves problemas internos y externos para afrontar el futuro, no deberían haber dicho este tipo de cosas. Siguen creyendo que en la economía se puede jugar con fuego, y eso solo reporta quemaduras dolorosas.



10 de abril de 2014

Dudas sobre la política de inversiones extranjeras en la economía castrista

Elías Amor Bravo, economista

Conforme se van conociendo más datos de la nueva Ley de la Inversión Extranjera castrista mas dudas aparecen, y desde luego, contradicciones difíciles de corregir.

¿Cómo, si no, interpretar lo que dicen los Funcionarios del MINCEX en un diálogo con Granma publicado el 9 de abril?, y cito textualmente, “La Ley no busca vender el país, regalar el patrimonio nacional o las tierras. Se trata de potenciar el crecimiento económico de la nación, respetando los principios socialistas y nuestras proyecciones en el proceso de actualización económica”.

Lo primero que se desprende de un enunciado como el anterior es un absoluto desconocimiento de lo que significa la inversión extranjera en la globalización, sus procedimientos, objetivos y fines. Tengo la impresión que las autoridades del régimen castrista continúan pensando en un tipo de inversión más propio de la época colonial que de los movimientos de capital   internacional en el siglo XXI. Así se entiende cuando hablan de “vender el país o regalar el patrimonio nacional o las tierras”. Un lenguaje, a todas luces, desafortunado.

Lo cierto es que cuando una multinacional de componentes de alta tecnología se instala en Costa Rica para fabricar piezas o una factoría de automóviles hace lo propio en España, dudo mucho que sus objetivos sean los que denuncian las autoridades castristas. La conclusión es que con ese tipo de prejuicios, los inversores extranjeros ya pueden saber con qué personajes se van a encontrar cuando empiecen a negociar sus proyectos en Cuba. No les arriendo ganancia.

Vaya por delante, además, que si los “principios socialistas” que se quieren respetar son los que representan Fidel Castro, o su hermano, Raúl, apaga y vámonos. Conocida es la experiencia catastrófica que para la economía cubana ha supuesto la imposición de esos “principios socialistas” durante medio siglo. La otrora economía productiva y competitiva de la República antes de 1959, convertida en un caos de ineficacia, baja productividad y falta absoluta de estímulos.

Y para concluir, la “actualización económica” de los Lineamientos, no se debe olvidar porque lo han dicho en repetidas ocasiones, no es más que la “actualización del socialismo”, el sistema que les ha llevado al caos. Insisten por tanto en la inviabilidad del modelo, y además, avisan. Por muchas precauciones contra posibles expropiaciones y demás, convendría ir con mucho cuidado a la hora de confiar el dinero a quienes confiscan y no pagan. Al menos así lo han hecho históricamente.

La realidad es que han desperdiciado una gran oportunidad para devolver a Cuba al mundo occidental, y situar a la economía en unas coordenadas de racionalidad capaces de atraer capital extranjero en condiciones adecuadas. Pero no han hecho los deberes. Ni siquiera se lo han planteado. El pulso de fuerza lo ha vuelto a ganar la ideología absurda que controla el país desde hace 55 años. En mi opinión, muy mal lo tiene Déborah Rivas Saavedra directora general de inversiones del MINCEX, si pretende ir por ese camino. Yo le recomiendo que lo deje cuanto antes. Puede ser peor el remedio que la enfermedad.

Y entrando en materia, lo primero que viene a colación es que no existen tantas diferencias entre la nueva norma y la antigua de 1995. Es verdad que los “aspectos sectoriales no estaban contemplados en la anterior, al igual que un reglamento detallado que establece los procedimientos a seguir por los inversionistas desde que se conciben los proyectos hasta su término”, pero en contra de lo que se afirma, en absoluto el nuevo procedimiento contribuye a respaldar la forma jurídica.

Mientras que el sistema político, económico e institucional castrista, supedita las decisiones económicas a los criterios políticos, la confianza de un inversor extranjero en la Isla escapa de cualquier medición objetiva de riesgo calculado.

Un ejemplo del camino elegido, son las agencias empleadoras, que van a fijar quién y cómo va a poder trabajar en las empresas con capital extranjero que se inauguren al amparo de la Ley. Si la directora general cree que los inversionistas pueden tener un mejor servicio con estas agencias empleadoras, se equivoca, porque la base de cualquier proyecto de capital extranjero es contar con los recursos humanos más cualificados, y no depender de decisión burocrática alguna. Insisto, por ese camino, van mal.

El supuesto de que los inversores desconocen el país y que la agencia empleadora ofertará trabajadores idóneos, es una quimera, y basta darse una vuelta por cualquier país del mundo para comprobar que esos obstáculos no frenan la acción de los inversores extranjeros. Precisamente, lo contrario, el intervencionismo castrista, suele paralizar cualquier decisión emprendedora.

Menos preocupante es que no se deje invertir servicios médicos, educacionales y la defensa del país. No creo que Cuba posea atractivo alguno en los mismos para el capital extranjero, pero el régimen ha utilizado este eje como una propaganda más para anteponer una falsa defensa de los intereses del país. Y qué decir de la llamada “cartera de oportunidades” para los inversores extranjeros, en sectores como turismo, hidrocarburos, energías renovables. Una vez más un intento de dirigir a los inversores extranjeros que son los dueños del capital y por tanto tienen el derecho legítimo a destinar sus recursos a lo que quieren y cómo quieren.  De esto no parece que se hayan enterado. Bueno, no pasa nada. Otros 55 años sin recursos son mucho tiempo. Esperemos que antes, el retorno a la libertad y democracia, cambien ese panorama desolador del régimen castrista,

Esa obsesión por el control absoluto es lo que lleva a Rivas Saavedra a decir que “los proyectos de inversión serán analizados, caso por caso, por una Comisión de Evaluación de Negocios con Inversión Extranjera, integrada por un grupo importante de Organismos de la Administración Central del Estado y otras entidades”. Burocracia, intervencionismo y discrecionalidad. Ingredientes magníficos para que los inversores extranjeros huyan de la ratonera en la que pueden ser atrapados en la Isla.  

Otros aspectos merecen atención.

Por ejemplo, dicen que el  marco legal de las inversiones extranjeras es “transparente y brinda seguridad jurídica”. Falso, por lo expuesto anteriormente. Sostienen que en la Isla “existe un clima social y político estable”, impuesto por una dictadura totalitaria que limita y restringe el ejercicio de los derechos democráticos y las libertades que existen en los países de procedencia de las inversiones. También presentan como un activo “el alto nivel educacional y la preparación del capital humano” para luego interponer la agencia empleadora en la selección de los trabajadores, restando libertad a las empresas.

Por otro lado, dicen que los cubanos que viven fuera del país pueden invertir en Cuba, pero por otro se afirma que la capacidad para autorizar la seguirá teniendo el país apostando por proyectos que puedan ser de su interés. Discrecionalidad que dejará fuera a los cubanos exiliados que lógicamente no sean del agrado del régimen o formen parte de las listas negras de la seguridad del estado, atenta a todos estos movimientos por las consecuencias que se pueden derivar de los mismos.

En cuanto a la fijación de los salarios de los empleados que presten sus servicios y sus cuotas máximas? No parece que el asunto esté completamente cerrado, ya que remiten a la competencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Tan solo enunciados vagos “el salario estipulado en la región latinoamericana para cargos similares y el salario promedio en Cuba”, que servirán para establecer un coeficiente más compatible entre lo que paga el inversionista y lo que percibe el trabajador. La única diferencia con la Ley anterior es que ahora paga el inversor extranjero directamente al trabajador.