20 de enero de 2017

El turismo cubano y la empresa privada

Elías Amor Bravo, economista

El régimen castrista espera recibir 4.200.000 visitantes internacionales en 2017. La cifra expuesta en estos términos dice muy poco. Que alrededor de 164.423 más viajeros que en 2016 lleguen al país puede ser bueno, regular o malo. Todo depende de la perspectiva que se adopte.

Acostumbrados estamos a que rara vez se cumplan las previsiones de la última economía de planificación central socialista de occidente. La llegada de viajeros depende de muchos factores. Algunos de ellos escapan completamente del control castrista. En otros casos, se puede intentar algo. En ese sentido, bienvenidas sean las declaraciones de la viceministra del ramo, en las que plantea “el logro de una mayor calidad del producto turístico cubano, incrementar la efectividad de los procesos inversionistas e incorporar nuevos servicios, aprovechando las potencialidades del destino”.

Una buena estrategia, sin duda. Nadie la cuestionaría. El problema es, sin embargo, de fondo. Y como en muchas ocasiones, una economía en la que no existe la iniciativa de empresa privada y en la que las decisiones económicas fundamentales dependen de la voluntad de burócratas de partido único, los resultados dejan mucho que desear. En concreto, y en relación al turismo cubano, el problema está, como ya he señalado, en “qué se entiende por producto turístico cubano”.

La cuestión no es baladí, porque si no se tiene claro lo que se pretende ofrecer, difícilmente se podrá atraer a la demanda en un mercado tan competitivo como el turístico, en el que Cuba se encuentra rodeada de países con los mejores resorts del mundo.

De nada sirve que las autoridades celebren triunfalmente la llegada de viajeros a la isla, como consecuencia de factores coyunturales, si no se cuenta con instrumentos adecuados para conseguir la sostenibilidad de las cifras.

Además, si se analizan los datos de viajeros que llegan a la isla es fácil observar que no se han producido cambios muy significativos. Por ejemplo, el principal mercado de procedencia sigue siendo América del Norte, con Canadá como país más destacado. Lo ocurrido con Estrados Unidos, al margen de los acontecimientos especiales del año, también merece una especial atención. Algunos analistas piensan que, desde el punto de vista turístico, los últimos 59 años han supuesto una pérdida de tiempo más que evidente, porque en un solo año, el turismo cubano está volviendo a pasos agigantados a la situación que existía antes de la llamada revolución en 1959. El tiempo no pasa en balde. Lo que ocurre, tampoco.

Por otra parte, el resto de los principales mercados europeos, principalmente Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y España, y de países de América Latina, como México y Argentina continúan presentando resultados muy similares sin que se observen cambios significativos.

Las cifras no reflejan, en tales condiciones, ni el aumento de rutas aéreas a Cuba provenientes de varios países, como Rusia o China, incluso de Estados Unidos o del número de cruceros, que ofrecieron recorridos a La Habana y a otros puntos del archipiélago como Cienfuegos y Santiago de Cuba.

Llegados a este punto, ¿de qué depende que el “producto turístico cubano” continúe creciendo de forma sostenible? Para empezar, de una adecuada definición del mismo, lo que se está echando en falta. A continuación, se debe prestar atención a la oferta. Es verdad que a finales de 2016 en Cuba existían 66.547 habitaciones, y este año se prevén concluir otras 4.000, en polos de alta demanda como La Habana, Varadero, Trinidad, Holguín y en la Cayería Norte. Los planes, casi siempre incumplidos, apuntan a que a medio plazo (hasta 2020) habrá otras 20.000 habitaciones, y otras 104.000 en 2030. ¿Es suficiente con crear plazas hoteleras para atraer turismo?

Esta es una cuestión que las principales potencias turísticas del mundo, como España o Francia, saben que es necesaria, pero no suficiente. En Cuba, “las autoridades reconocen que hay "insatisfacciones" y quedan "retos" como avanzar en la calidad de los servicios, en la efectividad de inversiones para garantizar la vitalidad y la imagen de las instalaciones turísticas, mejorar la comercialización y lograr una mayor diversificación del producto turístico”.

Sin embargo, una cosa es enumerar los problemas, y otra bien distinta es darles solución. La mentalidad empresarial privada en este tipo de cosas funciona mucho mejor. Los burócratas castristas no tienen en cuenta el pesar que supone para los turistas esperar un largo tiempo, haciendo cola, en una calurosa calle de Centro Habana, esperando por un destartalado taxi que los lleve a algún restaurante a comer. Tampoco tienen interés en saber que esos turistas al llegar al restaurante y consultar la carta se encuentran que algunos de los platos principales no se pueden servir ese día. Durante algún tiempo, nadie daba explicaciones por ello, ahora el maitre informa de la imposibilidad de adquirir la materia prima. Un buen mensaje “revolucionario”. Después, esos turistas se retiran a descansar a su hotel y al llegar, el ascensor no funciona, y deben subir cuatro o cinco pisos. Posiblemente el aire acondicionado tampoco y lo que es peor, el cuidado de las instalaciones deja mucho que desear.

A este tipo de situaciones, los responsables del turismo castrista, no le prestan atención. Ni caso. Para ellos, lo importante es la gestión de la llamada “cartera de negocios” de Cuba y sus 110 proyectos en el sector del turismo, en los que el conglomerado empresarial en manos del ejército y seguridad del estado, tiene intereses muy concretos, de forma particular, los 3 mil millones de dólares que se esperan recaudar con esta actividad.

Y una vez más vuelvo al principio. Seguimos sin definición del producto turístico cubano (turismo de naturaleza, de circuito, patrimonial y cultural, todos juntos o alguno de ellos). La empresa privada libre está pidiendo a gritos dirigir el turismo cubano.

17 de enero de 2017

El presupuesto de Cuba para 2017 y sus efectos negativos sobre la economía (I)

Elías Amor Bravo, economista

La Oficina Nacional de Estadística de Cuba ha publicado en su página web la Ley 122 del Presupuesto del Estado castrista para el año 2017. Un documento que permite realizar un diagnóstico de las políticas públicas y los aspectos diferenciales de la economía castrista con respecto al resto del mundo.

El presupuesto nace con un elevado déficit, que previsiblemente aumentará a lo largo del año. Un notable desequilibrio en las cuentas públicas con una diferencia entre los ingresos y gastos que supone -7.330,4 millones de CUP, alrededor del 8% del PIB proyectando la cifra de 2016 a 2017, con los últimos datos que apuntan al estancamiento/recesión de la economía.

En un ejercicio en que la economía no parece que vaya a registrar los necesarios impulsos procedentes del exterior, el régimen castrista se embarga en un déficit compensatorio fuertemente concentrado en la actividad estatal, que pretende hacer frente a las lúgubres expectativas con las que se trabaja y evitar así un brote de malestar social o un estallido de consecuencias mucho más graves. Lo problemático es que lo consigan.

El déficit está provocado por unos ingresos que alcanzan 52.586,9 millones de CUP frente a unos gastos de 59.042,3 millones de CUP. La insuficiencia de los ingresos para cubrir los gastos lo es sólo en el papel, ya que el peso que representan sobre el PIB de la economía cubana, un 60%, confirma que el carácter estatal y centralmente planificado de la misma se refleja claramente en las cuentas públicas. No hay margen para la actividad privada. El estado necesita financiar su estructura paquidérmica con todos los recursos disponibles.

Por otra parte, los gastos, fuera de control, aumentan al 68% del PIB, de modo que la participación de la actividad que se podría calificar como “no estatal” (para diferenciar de lo que debería ser un sector privado empresarial moderno y competitivo) queda relegada a poco más de un 30% del PIB.

Una cifra ajena a la realidad socieconómica de otros países de la región o de la sociedad occidental, en su conjunto. Nadie debe llamarse a engaño: las reformas raulistas no han disminuido el peso aplastante del estado en la economía cubana, sino que lo mantienen y si acaso, lo refuerzan.

Pero es que además, la composición de los gastos del estado es claramente negativa, en términos de su impacto sobre la economía. Así, por ejemplo, los 59 mil millones de CUP que se destinan a gastos, alrededor de 36 mil millones son los que se producen en la denominada actividad presupuestada, dependiente directamente del estado; en tanto que otros 22 mil millones se destinan a transferencias a dicho sector, en general, a empresas deficitarias e improductivas.

Un pésimo diseño presupuestario en un ejercicio en que sería necesario practicar un enfoque más austero, y que, en el lado opuesto, tan solo destina 4,8 mi millones de CUP, menos del 8% a los gastos de capital e infraestructuras, que son fundamentales para el desarrollo económico de la nación y supera así su atraso y baja competitividad. Con este diseño, se entiende por qué el régimen está tan interesado en que sean los inversores extranjeros quienes aporten el capital que no se desea movilizar.

A resultas de ello, el presupuesto castrista de 2017 nace con un nivel de endeudamiento “reconocido” de 14.193 millones de CUP, que se pretenden financiar con el recurso a bonos con un plazo de amortización desde uno hasta veinte años y un tipo de interés 2,5% anual. Muy propio del sistema de intervención estatal que dirige y controla la oferta y demanda monetaria del país. 

Estos bonos serán adquiridos por el sistema bancario nacional, ante el reconocido imposible acceso a los mercados de capitales internacionales, en un ejercicio de colocación de estos títulos en el ahorro interno que dejará muy pocos recursos (prácticamente ninguno) a la actividad no estatal, lo que no resulta conveniente para las débiles estructuras de la economía del país. De todo ello, cabe esperar que los problemas acuciantes de financiación que golpean de forma sistemática a la economía se vean especialmente agravados, sobre todo, para los inversores extranjeros que deseen retornar beneficios a sus casas matrices.

Tiempo habrá en otro post de este Blog, para analizar la panoplia de impuestos que recargan la actividad de los agentes económicos en Cuba y mostrar la discrecionalidad en la aplicación de exoneraciones y beneficios, más orientadas por los criterios políticos del régimen que por el deseo real de estimular la actividad productiva.

11 de enero de 2017

Los trabajadores por cuenta propia y el régimen castrista

Elías Amor Bravo, economista

El Ministerio del Trabajo y Seguridad Social del régimen castrista ha señalado que, al cierre de 2016, alrededor de 535.000 personas pertenecían a la categoría de cuenta propistas, de los que un 32% eran mujeres, y, como dato curioso, un 11% jubilados.

Es importante tener en cuenta que esta categoría nada tiene que ver con la iniciativa privada, tal y como se conoce en otras economías. Los trabajadores que se acogen a esta modalidad simplemente desempeñan sus funciones al margen de la hegemonía estatal, pero no son dueños de las instalaciones en que prestan los servicios (generalmente alquiladas al estado), o de los medios de producción. Ni siquiera tienen libertad para vender sus productos o servicios, ya que dependen de las redes de distribución controladas por el estado, como Acopio, ni tampoco para recibir inversiones extranjeras o asociarse con fines mercantiles, y sus ingresos o actividad son sometidos a un control riguroso por los inspectores estatales, que les impiden crecer, aumentar la escala de prestación de servicios o de producción. Pese a todo, el trabajador por cuenta propia tiene el incentivo vinculado a una mayor independencia y ganancias más altas, aspectos que no se deben despreciar en la aburrida estructura burocrática del castrismo.

Desde que en 2007 el régimen autorizase el ejercicio de algunas actividades al margen de la hegemonía estatal, las cifras han ido en continuo aumento, si bien, no al ritmo que inicialmente preveían las autoridades. Aspectos derivados de una inadecuada implementación de las reformas, tímidas protestas sindicales en los centros de trabajo por los despidos y la falta de una visión estratégica compartida en la dirigencia política comunista, han hecho que este proceso, absolutamente necesario para la mejora de la calidad de vida de los cubanos, haya tenido una evolución bastante errática. Sobre todo, si se tiene en cuenta que esos 535 mil trabajadores apenas representan el 11% del empleo total de la economía, donde cerca de 5 millones todavía pertenecen a la actividad estatal. Por contrapartida, en el conjunto de países de América Latina, no llega al 11% precisamente el empleo dependiente del estado, lo que invierte claramente las ratios con respecto al régimen castrista.

El informe del Ministerio ha sacado a la luz algunos datos que tienen, sin duda, un alto valor sociológico. Por ejemplo, un 31% de los trabajadores autónomos son jóvenes, lo que indica que a diferencia de sus mayores los cubanos de menor edad no desean resignarse a empleos mal retribuidos y sin futuro en las empresas y organizaciones estatales, donde fungen sus padres y abuelos. Esa relación entre trabajo por cuenta propia y juventud es un aspecto positivo a tener muy en cuenta.

Además, otro dato significativo es la participación entusiasta de las mujeres cubanas, ya que un 32% de los cuenta propistas pertenecen a este sexo. Muchas de ellas lo harán como complemento de ingresos familiares, aunque también puede existir una mayor vocación de emprender en libertad. Además, un 16% también desempeña sus funciones en el sector estatal, como claro ejemplo que los sueldos castristas no dan para vivir; y de forma muy significativa, un 11% de los trabajadores por cuenta propia ya están jubilados y se acogen a esta modalidad de actividad laboral por el mismo motivo, en este caso, la insuficiencia de las pensiones que reciben al final de su vida activa. Sin duda, una fotografía precisa de la realidad social y económica cubana que confirma, una vez más, el fracaso del sistema económico y social impuesto por la llamada “revolución”, que en su último tramo, es incapaz de aventurar un mejor futuro para los cubanos.

Además, del medio millón de cuenta propistas, tan solo 367.485 personas se encuentran afiliados al régimen especial de Seguridad Social creado en su momento para fines tributarios. Es decir, que en el país del control absoluto, la planificación central y la ausencia de derechos de propiedad, algo así como un 32% de los cuenta propistas escapan de la seguridad social. O dicho de otro modo, los 167 mil que no están afiliados (titulares de actividad) contratan a los 367 mil restantes que están de alta en seguridad social, una muy baja tasa de generación de empleo que viene a situarse en una media de 2,2 trabajadores por titular. Una baja, muy baja creación de empleo.

De acuerdo con los datos publicados, las actividades que tienen una mayor participación entre los cuenta propistas, continúan siendo la elaboración y venta de alimentos, unas 59.700 personas; el transporte de carga y pasajeros, con 54.350; la renta de viviendas, habitaciones y espacios, con 34.000, y la figura de telecomunicaciones, que agrupa a 24.440 empleados. En general, actividades destinadas al sector servicios y con una clara orientación al turismo extranjero. La posibilidad de desarrollar el trabajo por cuenta propia en servicios avanzados o la manufactura es prácticamente imposible. Conviene recordar que en principio fueron 178 las actividades aprobadas por el régimen, llegando en la actualidad a poco más de 200, y esta limitación, qué duda cabe, es otro factor que frena la expansión de los trabajadores que se acogen a esta modalidad. Por contraste, una clasificación de ocupaciones estándar en una economía de tipo medio como la castrista, arroja alrededor de 700 categorías. Lo que autoriza el régimen en Cuba es una pequeña parte, insignificante.

No me extraña que las autoridades se muestren optimistas con respecto al crecimiento del número de trabajadores por cuenta propia. Sometidos al control de la cúpula de empresas estatales dependientes del ejército y la seguridad del estado, el diseño de la economía está perfectamente orientado a ganar tiempo y recaudar, sin introducir cambios para mejorar la calidad de vida de los cubanos.