27 de mayo de 2016

Revisando precios y transacciones en los mercados castristas

Elías Amor Bravo, economista

La Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba (ONEI) ha publicado el informe “Ventas de Productos Agropecuarios. Indicadores Seleccionados en el período de enero-marzo del año 2016 de Cuba” que adquiere singular importancia con el debate que se ha abierto recientemente, tras la decisión de los comunistas de topar precios para, según ellos, aumentar el poder de compra de la moneda.

La publicación ofrece información interesante que permite realizar un diagnóstico del impacto y alcance de las decisiones comunistas de intervenir en los precios. A ello se dedica este post. Cabe empezar estableciendo algunos conceptos que se utilizarán después y que se refieren a las instituciones en las que los cubanos pueden comprar productos agropecuarios de alimentación, a saber, los llamados mercados agropecuarios de oferta y demanda, cuya principal característica es que en ellos los precios se determinan libremente, según la oferta y la demanda. Podríamos considerar que son los mercados que más se aproximan a los que conocemos en otros países.

Además, están los mercados agropecuarios estatales, los que venden los productos con precios de acopio centralizados a precios minoristas máximos, y por tanto bajo control directo del estado y sus mecanismos de intervención sobre la economía. En mercados estatales de La Habana, Artemisa y Mayabeque se venden los excedentes a precios de oferta y demanda, por decisión de las autoridades comunistas, otorgando cierta autonomía para comprar los productos que comercialicen, y pueden ser abastecidos por las empresas agropecuarias, comprar a terceros y vender productos agropecuarios, frescos o elaborados autorizados. Una cierta flexibilidad a la que la dirigencia castrista ha puesto límites tras el congreso comunista.

Finalmente, están los llamados puntos de venta, que comprenden las ventas efectuadas en los puntos de venta o Kioskos que se administran por cualquier base productiva (estatal, U.B.P.C, C.P.A y C.C.S), utilizando a sus propios trabajadores, e igualmente pueden pertenecer a campesinos dentro de su área de producción.

El análisis de la distribución de las ventas en estas tres instituciones comerciales, por denominar de algún modo, confirma que tanto en 2015 como en el presente 2016 y en el período observado, los mercados estatales concentran la mayor parte de las transacciones, hasta un 52,4% en valor y un 54% en toneladas en 2015, pasando a un 54,3% en valor y 55% en peso en 2016. Los denominados puntos de venta en 2015 alcanzaron el 40,4% del total en valor y el 40,8% en volumen, y en 2016 el 39% en valor y un 40% en volumen, en cierto modo, van a la zaga de los estatales. Por último, los mercados de oferta y demanda representan tan solo en 2015 un 7,2% en valor y un 5,2% en volumen, y en 2016, un 6,7% en valor y un 5% en volumen.

Estos datos confirman básicamente que los mercados estatales continúan siendo los que concentran la mayor cantidad de transacciones de bienes agrícolas que consumen los cubanos, y que además, experimentan un crecimiento en su participación relativa, a costa de los puntos de venta, que se estancan en sus cifras, y de los mercados de oferta y demanda que caen en términos relativos. Esta fotografía es la realidad a partir de la cuál el régimen comunista ha decidido topar precios. 

Cabe preguntarse por qué, y la respuesta se encuentra en el análisis de las diferencias de precios unitarios entre las tres instituciones. Si se realiza el cálculo del cociente entre el valor de las transacciones y el volumen objeto de comercio, cabe obtener un indicador de valor que se aproxima bastante al precio medio. Si hacemos 100 el nivel del indicador, tanto de valor como de volumen, en los mercados estatales, se obtienen los siguientes resultados.

En 2015 y en lo relativo a productos agrícolas, en los mercados estatales se obtiene el índice 100 que ya se ha señalado. En cambio, en los mercados de oferta y demanda  el índice relativo se sitúa en 155 (un 55% por encima) y en los puntos de venta, el índice 120, también un 20% más caros. En 2016, los mercados estatales para los productos agrícolas vuelven al 100 como índice, los mercados de oferta y demanda, 152%, un 52% más caros, y los puntos de venta, 121, con un porcentaje similar. Esto significa que los mercados estatales pasan por ser los más baratos por sus ventas de productos agrícolas a precios más bajos, siendo los puntos de venta los siguientes, un 20% más caros, y los de oferta y demanda, con un 50% más de precio, los más caros.

Por lo que respecta a los productos ganaderos, los resultados no difieren. En 2015 y en lo relativo a estos productos, los mercados estatales vuelven al índice 100, los mercados de oferta y demanda, 140 (un 40% por encima) y los puntos de venta, el índice 107, también un 7% más caros. En 2016, los mercados estatales para los productos agrícolas alcanzan nuevamente el 100 como índice, los mercados de oferta y demanda, un 219%, un 119% más caros, y los puntos de venta, 177, con un porcentaje del 77% más caros. Una vez más, los mercados estatales venden los productos ganaderos a los precios más bajos pero además, en los mercados de oferta y demanda se ha registrado un incremento muy fuerte en el período considerado de 2016, que tiene más que ver con el descenso registrado en los primeros (-30,3%) que con el aumento del 8,9% registrado en los mercados de oferta y demanda.

Los resultados que se obtienen de este análisis confirman que para los cubanos, acudir a los mercados, es una tarea realmente asombrosa, con diferencias de precios superiores al 50% en función de la institución a la que decidan acudir a aprovisionarse de sus alimentos. Es difícil encontrar en las economías de mercado libre diferencias de precios de esta magnitud, para productos parecidos, viandas, carne de res, frijoles, maíz, plátanos, etc.  Como se ha señalado, los mercados de oferta y demanda son los que registran precios más elevados, y también son los que presentan un menor peso en las ventas totales realizadas. 

Por el contrario, los puntos de venta aparecen como un serio rival de los mercados estatales, y en ellos, la función de acopio no está bajo el control comunista, lo que garantiza una mayor continuidad de los surtidos. El régimen castrista ha dibujado así una estructura de mercados y precios profundamente asimétrica e injusta, que plantea serios obstáculos a la libre elección de los consumidores y que genera graves y profundas diferencias sociales. El sostenimiento artificial de los precios por medio de subsidios e intervenciones directas no es una solución. 

Una mayor competencia y libertad de comercio permitiría romper esta estructurada estancada en la que los rígidos mecanismos de ajuste existentes, impiden la necesaria flexibilidad de productores y distribuidores. Mientras que el régimen solo atiende a la inversión extranjera y la captación de recursos internacionales para los proyectos faraónicos como el Mariel, está descuidando el patio trasero. Mala decisión. Cuando los cubanos conozcan estas diferencias, protestarán. No me cabe la menor duda.

19 de mayo de 2016

Hay que devolver la empresa privada al núcleo de la economía cubana

Elías Amor Bravo, economista

Una nota en Granma “Producir mucho más”, informa de la reunión de Machado Ventura con el sector agropecuario de Artemisa, con “la intención de darle se­guimiento al proceso de siembra, contratación, acopio y comercialización de las producciones agropecuarias en la provincia” . Alguno me dirá que a estas alturas poco hay que enseñar a los valientes guajiros cubanos sobre qué hacer y cómo hacerlo en la tierra para producir no más, sino como dice Machado Ventura, sino “mucho más”.

Abundando en esta cuestión, el vicepresidente del régimen se pierde en los análisis económicos. No es su fuerte. O los asesores no prepararon bien que tenía que decir, o mucho me temo que el desconocimiento de las reglas básicas de funcionamiento de una economía, es muy notable. ¿En qué me baso para realizar esta afirmación? Pues ni más ni menos que en lo dicho por Machado Ventura, y cito textualmente, “en la medida que haya una rebaja en los precios va a haber una mayor demanda, por lo que se le debe dar respuesta a estos cambios, desde el surco”.

El ajuste de la demanda y la oferta es muy fácil cuando los mercados funcionan libremente y los precios trasmiten señales de forma adecuada a consumidores y productores. En Cuba, donde rige un sistema económico totalitario de planificación central, sin derechos de propiedad y en el que el mercado se encuentra estigmatizado por el régimen, el problema de las autoridades es “cómo hacer sostenible la presencia de productos en la red minorista que abastece a la población y elevar la capacidad de compra del peso cubano”. Tremendo problema.

Se acumulan los deberes al mal estudiante. Un débil poder de compra del peso cubano, que parece estar en el origen de todo el problema, determina las decisiones de los consumidores. La reacción a las rebajas de precios es inmediata. La consecuencia es que cuando los precios de venta de los productos bajan en exceso, los mercados se vacían y el problema se traslada a la esfera de la producción y de la distribución donde los costes no compensan el esfuerzo y la dedicación a tareas mal retribuidas por los precios percibidos, con lo que “dar respuesta desde el surco”, se hace más difícil por no decir imposible.

La producción decrece, y al no poder atender a una demanda en aumento, irrumpe la escasez, el racionamiento y la penuria, viejos compañeros de los cubanos, ya que el recurso a las importaciones de alimentos está limitado por la disponibilidad de financiación. En este laberinto está encerrado Machado Ventura, y su estructura estalinista de planificación y dirección centralizada de la economía no sabe encontrar la salida. Al contrario, se pasan el tiempo buscando “pistas falsas” que llevan a escenarios incluso peores de los esperados.

En numerosas ocasiones, he expuesto que el problema de elección de los consumidores cubanos se arregla con decisiones de sentido contrario a las que se están adoptando en Cuba. Al margen de que la tierra productiva se tiene que poner en cultivo y obtener los máximos rendimientos, una tarea que se nos antoja difícil porque la productividad de la agricultura castrista es un 80% inferior a la media de la economía, como consecuencia de la notable concentración de empleo del sector, cerca de un millón de cubanos están ocupados en la agricultura, las decisiones que se tienen que adoptar pasan, principalmente, por un cambio en el sistema jurídico de derechos de propiedad y la devolución a la empresa privada de su papel central en la economía. La tierra debe volver a manos de los productores, los emprendedores y las organizaciones capaces de invertir, generar recursos y producir.

Una demanda agrícola fuerte, procedente de este sector empresarial agrario, puede estimular el nacimiento y desarrollo de empresas especializadas en dar servicios al agro, fertilizantes, maquinaria, productos químicos, que mejoren la producción, y que generen empleo con salarios más elevados. Al tiempo, los que quedan en la agricultura aumentan su productividad y pueden por ello, percibir mejores salarios. En su día, esta organización emprendedora privada incluso puede llegar a atraer inversión extranjera, y con ello diversificar la producción, mejorar su calidad y apostar por el I+D, e incluso la exportación de los excedentes. Nadie tiene la menor duda que el campo cubano puede producir suficiente para alimentar a todos los cubanos, a precios competitivos y con calidad. Ya lo hizo en los primeros 59 años de existencia de la República, y lo puede volver a hacer. El laberinto de Machado Ventura y sus planificadores estalinistas tiene salida. No lo duden.

Y después, hay que apostar por la comercialización, desarrollando cadenas de valor en las que emprendedores privados en asociación con productores agropecuarios, sustituyan las prácticas ineficientes del acopio estatal. En lugar de perseguir o culpar a los “intermediarios” de los aumentos de precios en los mercados, es necesario recuperar esta figura en el tejido productivo cubano, facilitando el desarrollo incipiente de la logística en la agricultura para permitir que las cosechas lleguen lo más rápido y en las mejores condiciones de calidad y precios, a los mercados de consumo. La solución no está en que el estado compre a los agricultores las producciones a unos precios muy bajos, sino permitir que un mayor número de emprendedores privados pueda negociar precios competitivos con los productores, que al final, son los primeros interesados en que los cubanos puedan llenar sus cestas de la compra a diario.

Sobran los eternos “compromisos del comité central del partido” con el pueblo, los controles e intervenciones, las prácticas intervencionistas del acopio estatal, los estudios y los experimentos, y sobre todo, hay que llamar a las cosas por su nombre y dejarse de llamar “formas productivas” a la empresa privada y cosas así. La empresa privada, orientada por la lógica de los beneficios y las señales del mercado, es la solución para que los cubanos puedan elegir con libertad, a diario, los productos que desean consumir a precios razonables. Es lo que ya existe en otros países del mundo sin estructuras económicas totalitarias como la castrista, y es lo que la República logró en sus primeros años de existencia. Una economía próspera, sin escasez y libre, de fuerte especialización agrícola. Esa es la economía cubana que hay que conseguir. Por el bien de todos los cubanos.

12 de mayo de 2016

El futuro de Cuba y de su economía

Elías Amor Bravo, economista

En las economías de mercado con derechos de propiedad privada, el establecimiento de sistemas fiscales por parte de los estados para recaudar impuestos con los que desarrollar sus funciones de asignación de recursos, redistribución y fomento del crecimiento, ha sido aceptado de forma bastante generalizada. Existe una amplia literatura científica que sostiene y defiende la intervención estatal en la economía privada como mecanismo corrector de los efectos negativos del mercado. El capitalismo ha hecho una transición hacia fórmulas mixtas en las que el estado  alcanzó cuotas crecientes de participación en la actividad económica general.

Sin embargo, y pese al grado de desarrollo de estos procesos de aumento de la gestión pública que han elevado la participación del estado a más del 40% en el PIB de los países (Escandinavia fue un buen ejemplo de ello), la naturaleza jurídica de los derechos privados de propiedad se mantuvo inalterada, el mercado continúa siendo el instrumento básico de asignación de la mayor parte de los recursos económicos, las empresas privadas y el enriquecimiento y la acumulación están aceptados por los sistemas de regulación e intervención estatal, y en tales condiciones el carácter más o menos mixto de las economías se consigue sin alterar el marco jurídico.

A la vista de este proceso observable en numerosos países, la economía castrista parece haber iniciado una vía en la misma dirección, pero en sentido contrario, con el objetivo aparente, porque unas veces dicen unas cosas y en otras dicen lo contrario, de aumentar la participación de la actividad privada en la economía. El punto de partida es distinto. En la economía castrista, los derechos de propiedad de los agentes privados son prácticamente inexistentes, marginales, los medios de producción, de forma masiva, pertenecen al estado, que interviene en la planificación, gestión y control de la actividad económica, penalizando al mercado como instrumento de asignación de recursos y cuestionando los procesos de generación y acumulación de riqueza. Por ahondar en la cuestión, ni siquiera se llama a las cosas por su nombre, empleando el término cuenta propista para erradicar del lenguaje social el término, mucho más atractivo, de emprendedor o empresario.

Y esta es la cuestión. Se pretende generar actividad económica privada sin reducir los activos en manos del estado y el grado de control de la producción. La base del sistema económico castrista, como se estableció en el VII congreso del partido comunista, único autorizado en el país, es la empresa estatal socialista, que articula el resto de agentes que operan en la economía, las cooperativas, los cuenta propistas y en la medida que resulte viable, la inversión extranjera en cualquiera de las tres modalidades autorizadas por la reciente Ley 118.

La cuestión es si esta estrategia puede llevar a algún resultado concreto en línea con lo esperado, y deseado. Mientras que las economías de mercado funcionan relativamente bien cuando establecen sistemas fiscales para generar recursos con los que financiar la actividad estatal, en la situación opuesta en que se encuentra la economía castrista, reducir el aparato productivo del estado y trasvasar gestión económica de la producción a los agentes privados, no está dando los resultados apetecidos. Y lo que es peor, no lo puede dar. Es una vía que no se ha probado aún y que no sólo es contraria a los principios con que funciona la Economía, sino que parece en buena medida, contraria a la condición humana. El sistema estatal castrista de intervención en la economía, un remiendo de los textos de Marx y de algunos de los primeros marxistas, es inviable en pleno siglo XXI.

No es capaz de funcionar con eficiencia, no atiende las necesidades de la población ni tampoco su capacidad de libre elección después de 57 años de intentos, funciona a base de toscos golpes cuantitativos de precios topados y racionamiento, genera salarios miserables con muy bajo poder adquisitivo, empresas que funcionan con exceso de capacidad y cuestan al estado cuantiosos subsidios que incrementan el déficit corriente, sin generar así recursos para las inversiones en infraestructuras. Una economía incapaz de encontrar una posición competitiva en la economía mundial y que se ve obligada a importar alimentos para evitar hambrunas en la población, con un deficit estructural en la balanza comercial que se cierra a duras penas con las transferencias recibidas por el pago de los médicos, el turismo o las remesas familiares.

Una economía así no tiene futuro. El paso fundamental es, como dicen algunos expertos en ingeniería, deconstruir para volver a edificar sobre nuevas bases. ¿Y quién pone el cascabel al gato? Buena pregunta que al menos, hoy por hoy carece de respuesta. Sin duda, el régimen castrista debería asumir el fracaso (ya lo está haciendo cuando acepta pases de modelo de Chanel o actividades capitalistas que hace años habrían sido objeto de la contundente represión de la seguridad del estado) de su modelo económico e iniciar el proceso de deconstrucción. Chinos u y vietnamitas ya dieron el paso. Los Castro dicen que nunca van a adoptar las políticas neoliberales a las que consideran un desastre allí donde se han aplicado. Conviene recordar, alternativamente, que muchas economías de mercado tampoco aceptaron de buen grado la fiscalidad y los sistemas impositivos y la regulación estatal, hasta que descubrieron las relativas bondades de una política pública adecuada.

Desde esta perspectiva, las reformas de la economía cubana son de envergadura y de gran alcance. Requieren cambios en la estructura de la propiedad, previsiblemente privatizaciones y compensaciones a los expropiados como las producidas en otros países que optaron por la misma vía estalinista. Exigen una clara apuesta por el mercado y la asignación libre de recursos, suprimiendo la tosca intervención estatal en la asignación planificada de los recursos. En suma, aire fresco que devuelva a los agentes privados la capacidad para dirigir los destinos de la economía sin restricciones burocráticas ni prácticas desfasadas más propias de los tiempos de la guerra fría. 

Los cubanos deben estar preparados para ello. La diáspora ofrece extraordinarias oportunidades de éxito empresarial y directivo que pueden ser trasladadas al país. Si las cosas se hacen bien, Cuba y su economía tienen futuro. Hay que ponerse seriamente a trabajar en ello.