23 de enero de 2015

Así, ¿para qué invertir en Cuba?

Elías Amor Bravo, economista

La respuesta nos la acaban de dar. El régimen castrista anda dando vueltas a la forma de conseguir una mayor eficiencia en el proceso inversionista. Un artículo en Granma “Lograr la mejor reproducción de cada peso invertido” abunda en estas cuestiones. Recientemente, el Decreto No. 327 “Reglamento del proceso inversionista”, y un conjunto de normativas complementarias que entrarán en vigor próximamente, tienen como principal objetivo, y cito textualmente, “actualizar y atemperar a las condiciones actuales las diferentes normativas que guardan relación con dicho proceso, constituye un paso fundamental”.

El que crea que en Cuba existe algún tipo de libertad económica para invertir, que se olvide. El Decreto regula todas las inversiones que se ejecutan en el territorio nacional por las entidades estatales, las sociedades mercantiles de capital 100% cubano, las empresas mixtas, las Asociaciones Económicas Internacionales (AEI) y las Empresas de capital totalmente extranjero. Después de la publicación del nuevo entramado legal, hasta las modalidades de inversión extranjera se extraen de la recientemente aprobada Ley de Inver­sión Extranjera, y entran dentro del ámbito de lo establecido en la Resolución 91 “Indicaciones para el Proceso Inversionista”, del 16 de mar­zo del 2006, del Ministerio de Eco­nomía y Planificación, que es el ejemplo más palmario del intervencionismo estalinista que domina buena parte de las decisiones de la economía castrista.

En esencia, este Decreto es un golpe de mano que centraliza, unifica todos los conceptos relativos a las inversiones, y fija un marco de obligado cumplimiento para cualquier tipo de inversiones en territorio nacional, excepto las Zonas Especiales de Desarrollo y en los “derroteros de la Oficina del Historiador de La Habana”, por sus específicas características. A partir de este momento, la marcha de las inversiones extranjeras no sólo se controla por el régimen, sino que se somete al conjunto de normas jurídicas del proceso inversionista que rige en la Isla.

Por lo demás, el Decreto fija la responsabilidad del inversionista, su definición en el marco legal, sus funciones y las del resto de los sujetos que forman parte del proceso, desde el proyectista, suministrador, constructor, explotador y contratista. El término “explotador” no tiene desperdicio. No son capaces de suprimir la retórica del odio ni siquiera en un texto legal. Incluso, los inversores tienen que estar “capacitados sistemáticamente”, lo que no se comprende muy bien qué significa, y además, acreditados con un título sin el cual no podrán ejercer sus funciones. Es decir, nada escapa al control del régimen.

Ese peligroso aumento del intervencionismo, va acompañado, curiosamente, de un proceso de descentralización en los niveles de dirección, dentro del llamado proceso de perfeccionamiento empresarial. Suena a trampa. Si bien, en la actualidad el 85 % de las inversiones se aprueba a nivel central, ya sea en el Ministerio de Economía y Planificación, el Ministe­rio del Co­mer­cio Exterior y la Inver­sión Extran­jera, o en el Comité Ejecu­tivo del Con­sejo de Ministros, se pretende que los directores de empresas puedan aprobar determinadas in­versiones sin necesidad de hacer consultas. Un argumento baladí, si se tiene en cuenta la forma que se establece la organización piramidal de la economía. En todo caso, el Decreto se encarga de confirmar que los directores solo podrán aprobar pequeñas inversiones, como las que garanticen la reproducción simple de su actividad, el reequipamiento y el sostenimiento de sus funciones. Al final, siempre obedecen a alguien.

Las autoridades confían que por medio del Reglamento se pueda ordenar mejor las diferentes fases del proceso inversionista. Lo dudo. Una cosa es ordenar y otra controlar in extremis. Una intervención que es total, desde la obtención de los diferentes permisos, las circunstancias en que se solicitan, quién los concede y el tiempo que puede demorar en responder un organismo al que se le haga algún tipo de consulta, entre otras. Cualquier movimiento será sometido a vigilancia y control. Trabas y más trabas.

Es sorprendente lo que se dice en Granma, y cito textualmente, “hasta el momento ningún documento legal normaba claramente qué hacer en estos casos y a partir de ahora todos los organismos de consulta cuentan con una herramienta legal, atemperada a la actualización del modelo económico. Con ella se ordenan sus obligaciones en el proceso inversionista en temas específicos que son de su rectoría tales como: localización, medio ambiente, transferencia de tecnología, empleo de fuentes renovables y uso eficiente de la energía, seguridad y orden interior, defensa, comercialización, uso del es­pectro radioelectrónico, transporte, tu­rismo, construcción, uso del suelo y sus recursos minerales, industria, elaboración de alimentos, higiene y de­fensa civil”. Es decir, el intervencionismo y control, que antes era adhocrático, ahora se convierte en una práctica normada y organizada. No se sabe que puede ser peor.

Se presenta como una innovación la creación de la “Ventanilla Única” para la tramitación de permisos, la entrada en vigor de un mecanismo que considera el silencio como aprobación, el silencio positivo, que al parecer hasta ahora no existía en la jungla burocrática castrista.

A partir de la entrada en vigor del Decreto No. 327, la licitación como técnica de gestión, se aplicará a to­das las fases del proceso inversionista. Esta técnica abarcará a todas las “formas estatales y no estatales, con diferentes entidades, nacionales y extranjeras”. En esencia, se pretende que se liciten todos los pro­yectos, la construcción, los suministros pensando que así se pueden obtener las mejores ofertas en un ambiente de transparencia y competitividad.

Creo que este es un nuevo ejemplo de las contradicciones y dificultades que tiene la economía castrista para despojarse de las ataduras que la frenan y le impiden desarrollarse en condiciones normales. En vez de liberar fuerzas productivas, hacen justo lo contrario. Al final, siempre acaban en lo mismo. Atentar contra el comportamiento inversor de esta forma es ir contracorriente en las experiencias que los economistas conocen y dominan. Cierto es que el gran Keynes nunca vio con buenos ojos la excesiva libertad de los emprendedores para desarrollar sus proyectos de inversión, y pensaba que ese comportamiento de los “animal spirits” estaba en contra de la necesaria igualdad macroeconómica de ahorro e inversión.

Pero lo que han hecho en la economía castrista es rizar el rizo, y poner bajo control del estado y sus decisiones ideológicas y políticas, las bases del proceso de crecimiento de una economía. No es extraño que la participación de la formación bruta de capital fijo sobre el PIB en Cuba sea de las más bajas del mundo. Difícilmente se podrá recuperar. Este nuevo modelo tampoco ofrece garantías, y desde luego es un claro aviso a navegantes, en este caso, inversores extranjeros que saben que sus decisiones estarán sometidas a control del estado. Así, ¿para qué invertir en Cuba?

16 de enero de 2015

El camino hacia el futuro está plagado de errores

Elías Amor Bravo, economista

El camino hacia el futuro no admite equivocaciones. Pero no hacen otra cosa que meter la pata. Y para ello, no hay que ir muy lejos. En este post voy a seguir el artículo publicado en Granma, con el mismo título, y cuyo autor es Oscar Sánchez Serra, para constatar que en cada paso se han cometido graves errores, se dejan las cosas por hacer, se detecta desidia ideológica y como conclusión de todo ello, lo mejor es olvidarse de esta experiencia y borrón y cuenta nueva.

Pero, ¿de verdad se creen que las realizaciones de 2014 han conseguido el objetivo de desatar las fuerzas productivas, tanto en el ámbito estatal como en el de las formas de gestión no estatal? No lo creo.

La realidad es que los Lineamientos siguen sin dar los resultados previstos. Ni hay continuidad, ni mucho menos coherencia y desde luego, capacidad de solucionar problemas. Las transformaciones siguen sin llegar, o a lo sumo, acotan un universo de ineficiencias, en el que se ha generado un “sálvese quien pueda” que está igualmente en las antípodas de cualquier racionalidad en la gestión de los asuntos económicos.

En el artículo se menciona el transporte de pasajeros como un experimento en la explotación de los taxis desde 2010. Lamentable. Los taxis pueden dar respuesta a determinadas necesidades, pero en ningún caso son la solución al problema de transporte colectivo de la amplia mayoría de la población que sigue viéndose obligada a subir a guaguas repletas, obsoletas, con pésimos servicios, en tanto que el censo de carruajes de caballos se ha vuelto a actualizar, ante una eventual caída de las entregas del petróleo venezolano. Es evidente que queda mucho por hacer.

También se hace referencia a la ampliación de créditos a las personas naturales, que se había iniciado en el 2011. Y lo cierto es que la mayoría de los cubanos, la amplia mayoría, no tienen acceso a la financiación y sobreviven realmente gracias a las remesas que enviamos las familias residentes en el exterior. El crédito sigue funcionando como un instrumento de control político, y hasta que la banca no sea una actividad privada e independiente del estado, no hay mucho que hacer.

Y por último, la actualización de las normas en el ejercicio del trabajo por cuenta propia siguen sin dar resultados, toda vez que la cifra de pequeños emprendedores se ha estancado, y desde luego, con las pesadas cargas impositivas o de seguridad social, su capacidad de generación de empleo es inexistente. La cifra oficial ha quedado frenada en 476.000 de un total de 5 millones de ocupados. Y no digamos el desastre con la experiencia de la modificación del Decreto Ley-300 para la entrega de tierras en usufructo. Subsisten problemas en la producción agropecuaria que se ven agravados por la logística y distribución, pero el origen de todo está en que sigue sin instaurarse un régimen de derechos de propiedad y claro, si alguien nunca será dueño de la tierra que trabaja, sus incentivos y motivaciones son escasos. Que tomen nota.

De ese modo, los llamados Lineamientos siguen sin conseguir su objetivo de “desatar las fuerzas productivas, tanto en el ámbito estatal como en el de las formas de gestión no estatal”. Por ejemplo, la entrada en vigor de nuevas facultades a las empresas y el perfeccionamiento de los organismos de la administración del estado para separar las funciones empresariales de las estatales, continúan siendo insuficientes y mantienen la economía en una difícil coyuntura en la que nadie sabe muy bien a qué atenerse.

Por ejemplo, por mucha independencia y autonomía que se otorgue a las empresas estatales socialistas, siempre tendrán que responder a consignas ideológicas procedentes de su principal accionista. Un propietario poco interesado en la eficacia de la gestión, y desde luego ajeno a la óptica de la rentabilidad, el beneficio y la eficiencia. ¿Para qué servir más y mejor los intereses de los ciudadanos, si ello no va a influir en la viabilidad de los que se dedican a estas funciones? No es extraño que estas empresas estatales socialistas sigan sin ocupar “el verdadero papel que le corresponde en el desarrollo de la economía, que al decir del lineamiento 2 nunca lo harán y siempre serán un foco de atraso e improductividad.

Por ello, ni los los directivos de estas empresas van a tomar más responsabilidad en las decisiones que les competen, ni tampoco el accionista principal, el estado, tiene el menor interés en la formación y entrenamiento de los trabajadores para evitar y corregir desviaciones. Siempre habrá alguien al que obedecer y que recompensará por criterios ideológicos y políticos, nunca económicos. Ese empeño por atacar a 320 empresas que por lo visto no han cumplido lo dispuesto en materia de política salarial, hasta un total de 188 millones de pesos, pone de manifiesto los sutiles mecanismos de castigo que utilizan las autoridades. Por un lado sueltan cuerda, por el otro tiran con fuerza para abajo. ¡Cuidado!, Raúl Castro ha calificado estas prácticas, por otra parte habituales en cualquier empresa sensata, como una indisciplina grave, muy grave y ya se sabe en el régimen castrista lo que esto puede indicar.

Y qué podemos decir del sube y baja de la unificación monetaria, sin duda una de las tareas mas complejas a realizar, pero también la que se está complicando de forma más evidente, sobre todo después del anuncio de la emisión de billetes de alta denominación. Se ha perdido un año entero en análisis, mediciones, previsiones, cursos, seminarios, jornadas y demás majaderías, sin atender a los verdaderos problemas que tiene la economía cubana en términos de productividad y eficiencia, para avanzar hacia esa unión de las dos monedas en circulación.

Estrechamente relacionado a lo anterior, y dentro de la política de parches económicos, autorizar la venta en CUP de productos en las algunas tiendas en divisas, lo único que hace es trasladar a los cubanos el efecto desastroso de la dualidad monetaria generada por el régimen hace 20 años y aventurar una incertidumbre respecto de cuál puede ser el cambio final. Un auténtico lío.

Tampoco se han decidido a ampliar la venta libre de productos agropecuarios que sigue siendo un experimento en Mayabeque y Artemisa, y que las autoridades reconocen que no ha dado los resultados previstos. La burocracia se ha ensañado con las cooperativas no agropecuarias sigue siendo un cuentagotas, con solo 309 en evaluación de un total de 498 autorizadas.

El balance final de este recuento de despropósitos es que la situación de las economías familiares sigue siendo igual, e incluso peor. Los salarios continúan siendo decepcionantes, sobre todo los reales, afectados por los recortes en el presupuesto estatal y las tensiones inflacionistas. No existe confianza en el proceso de cambio, porque la dirección y sentido de los mismos, no puede dar los resultados deseados. Los cubanos se sienten mucho más favorables hacia los acuerdos de la administración Obama y esperan más de estas medidas, que de los Lineamientos de Raúl Castro. Y hacen bien, porque los “magos” del régimen que quieren llevar adelante estos cambios, ya no tienen conejos en la chistera, y se les está acabando el tiempo.
Cierto es que se ha producido mucho cambio legal, con 97 nuevas normas, la supresión de 245 y la modificación de 13. El aparato necesita mucho más para poder funcionar. 

El proceso no sigue una dinámica racional, y el mensaje de “sin prisa pero sin pausa”, queda limitado a los círculos de poder político e institucional, y poco más. En ocasiones he defendido que los cambios que necesita la economía castrista para funcionar no son de orden, sino de valentía, asunción de riesgos y determinación. Valores que ciertamente están ausentes de un régimen que solo quiere ganar tiempo e ir parcheando las graves carencias de la sociedad.

La próxima meta 2016, con el VII congreso del partido único. Habrán transcurrido para entonces dos años desde los acuerdos de la administración Obama para flexibilizar las condiciones del embargo. Ya se han encargado de indicar que “ sigue faltando lo esencial, el cese del bloqueo económico comercial y financiero”, que como tantas veces he señalado, es de única responsabilidad del régimen con su pueblo. Nadie sabe lo que puede ocurrir hasta entonces, pero si no se profundizan los cambios y se despejan incertidumbres y obstáculos, me temo que la situación no va a cambiar mucho. Apenas nada.

15 de enero de 2015

¿Billetes de 1.000 CUP?¿Imitando a Estados Unidos?

Elías Amor Bravo, economista

Una nota en la edición de Granma de hoy anuncia la emisión de nuevos billetes de alta denominación por importe de 200, 500 y 1.000 pesos cubanos (CUP) el primero de febrero.

Esta medida, iniciativa del Banco central, con respaldo en la Resolución No. 4 del 15 de enero del 2015 publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 3, pretende según fuentes oficiales “facilitar las operaciones con CUP que actualmente se realizan en las tiendas que venden en CUC”.

Una decisión sin duda importante, sobre la que Granma conversó con Francisco Mayobre Lence y Ariel Torres Collazo, vicepresidente y director de Emisión y Valores del BCC, respectivamente, así como con Bárbara Soto Sánchez, vicepresidenta comercial de CIMEX.

Del contenido de la entrevista se pueden obtener algunas conclusiones de interés. La que anticipo al lector es que creo que esta decisión, como otras muchas, es poco adecuada, va a generar más problemas aún de los que pretende resolver y desde luego, no sirve para afrontar un proceso de unificación de dos monedas de configuración e historia tan diferente. Estas son mis razones.

Al parecer, la decisión se adopta porque durante los últimos meses se ha ido incrementando la utilización del CUP en las tiendas que venden en CUC, fijando los precios después de aplicar el tipo de cambio de CADECA. Un tipo de cambio situado en la actualidad en 1-24, lo que exige la utilizar gran cantidad de dinero, no solamente por las personas, sino también los comercios, los transportistas, entre otros. Detrás de este fenómeno, nos encontramos con uno de los aspectos fundamentales de la economía castrista, que es su atraso. El que la mayor parte, por no decir todas, las transacciones se sigan realizando en moneda corriente, y el bajo uso de las tarjetas o los talones bancarios confirma que la tarea a desarrollar es ingente.

Creer que emitiendo billetes de alta denominación puede disminuir el problema del manejo de ingente cantidad de dinero en las transacciones diarias, es una equivocación. El problema no se resuelve como piensan los altos funcionarios utilizando billetes más grandes para las transacciones, sino propiciando una rápida modernización del sistema monetario y bancario que existe en la Isla, uno de los más atrasados de Occidente. Pero eso es muy difícil, y desde luego no parece que esté en las prioridades de los llamados “Lineamientos”.

En segundo lugar, no parece, además, que sea muy razonable recurrir a denominaciones como las planteadas. ¿Por qué 200, 500 y 1.000, y no otras cantidades distintas? ¿Qué tipo de estudios, si es que se ha realizado alguno, han llevado al Banco a tomar esta decisión? El punto de partida es realmente dramático, si se piensa que el billete de 100 CUP es el más grande que circula en la economía, cuando la mayoría de las ventas se realizan con billetes de 20 y 50 CUP. A ello se tienen que añadir los problemas derivados de los productos con precios más elevados, como los electrodomésticos y los muebles. Realmente, para poder acceder a este tipo de bienes los clientes se ven obligados a transportar mucha cantidad de dinero en condiciones que a veces no son óptimas al no existir tarjetas o cheques. Imágenes de un atraso insorportable que nos transportan a los períodos de hiperinflación de la Alemania de Weimar a comienzos del siglo pasado. ¿Temor a robos tal vez?

Imagino a los dependientes cubanos contando el dinero a toda prisa, y cuidando para evitar cualquier pérdida de los auténticos fajos de billetes, que lo único que van a provocar es el consabido malestar derivado de las demoras en la atención a los clientes, la capacidad de las cajas para guardar el dinero, las colas, al fin y al cabo, lo que siempre ha ocurrido en la economía castrista. Ello sin tener en cuenta las equivocaciones que se pueden producir en determinados sectores de la población por el uso de los nuevos billetes, que según las autoridades, poseen el mismo formato y características que los antiguos. Al parecer lo declaran los responsables, y cito textualmente, “las características de los nuevos billetes son similares a los que hoy circulan, por tanto, tienen iguales dimensiones, formato y ubicación de los elementos identificativos y de seguridad. Esto permitirá un mejor reconocimiento de los billetes por parte de la población, así las personas no tienen que aprenderse nuevas características. Entre los principales elementos comunes están el patriota (en el anverso) de cada una de estas denominaciones y la composición gráfica (en el reverso) que son únicas”. Salvando las referencias al “patriota”, creo que es un error lanzar billetes de denominación elevada con el mismo formato que los antiguos. La confusión puede estar servida, y si no, tiempo al tiempo.

Lo realmente sorprendente es lo rápido que van esta vez. Acostumbrados al ritmo y la cadencia de la aplicación de políticas económicas en el castrismo, llama la atención que ya el 1 de febrero, estén los nuevos billetes en la calle, distribuidos a la población por los brazos armados de la seguridad del estado que son los Bancos Me­tro­politano, el Popular de Aho­rro, el de Crédito y Co­mercio y las Casas de Cambio.

Por mucho que quieran que este proceso se realice de forma paulatina, si los cubanos que tienen moneda fuerte acuden en masa a realizar sus cambios en los nuevos billetes, cabe la posibilidad de que no resulte posible la operación. ¿Se han detenido a pensar en las consecuencias que ello puede suponer para los clientes? Es verdad que van a dar prioridad a La Habana, las capitales de provincia y algunos municipios importantes, pero qué puede ocurrir si la gente se plantea realizar sus operaciones en otros lugares. ¿Tendrá capacidad de respuesta el sistema?

Finalmente, se introducen elementos de seguridad, como las marcas de agua, el hilo de seguridad, marcas perceptibles al tacto y microimpresiones, lo que supone un despliegue realmente importante que hace pensar que el régimen teme a los falsificadores de la nueva moneda. ¿Habrá falsificación en la Isla con la moneda que va a desaparecer? Es al menos una cuestión inquietante. Imaginemos que aparecen más CUC en circulación que los estimados por el gobierno. ¿Habrá suficiente CUP para realizar los cambios?¿Se alterará el actual cambio de 1-24 a otro menor? ¿Puede producirse una auténtica avalancha si la gente percibe alguna acción en ese sentido?

Conclusión. Creo que se ha perdido una valiosa ocasión para poner en orden el sistema financiero y crediticio de la Isla, avanzando hacia su modernización y adaptación al que existe en otros países.Y sobre todo se ha perdido una oportunidad para ordenar el sistema económico en su conjunto. Con esta decisión de billetes de alto valor nominal, el régimen asume que los precios que los cubanos van a tener que pagar por los bienes y servicios son los que figuran en CUC, sin que se apueste por una profunda liberalización de la economía que facilite su descenso y adaptación al nivel de vida. Y ello, con salarios medios de 230 CUP al mes. No me salen las cuentas.