3 de julio de 2015

¿Por que la agricultura estatal castrista es improductiva?

Elías Amor Bravo, economista


La eterna cuestión de la baja productividad de la agricultura estatal en Cuba y la necesidad de aumentar la producción y los rendimientos agrícolas cuanto antes, fueron el objeto de una reunión de Machado Ventura con los responsables de las UBPC y UBE de la agricultura y sector azucarero de Colón en Matanzas. De lo tratado en esa reunión, se da cuenta en un artículo publicado en Granma por Ventura de Jesús.

Machado Ventura comentó a los congregados, “ustedes pueden hacer un poquito más”, y justificó su argumento teniendo en cuenta “que todavía existen reservas de eficiencia sin explotar, necesidad de cambios en el orden organizativo e inclusive de superación profesional y técnica para conseguir mayores resultados, en un territorio con el desafío adicional de ayudar a abastecer de alimentos al polo turístico de Varadero”.

¿Es realmente éste el origen del problema? ¿Estamos ante las causas o los efectos? ¿Acierta en su diagnóstico el viejo dirigente comunista?

Como casi siempre, la responsabilidad de estos desfavorables resultados en la esfera productiva se atribuyen a circunstancias externas. El informe presentado por Elvis Mendoza, delegado de la agricultura en el municipio de Colón, señaló que entre “las principales causas de los bajos resultados figura el desaprovechamiento de la jornada laboral, mala preparación de los suelos y de la semilla, incorrecta utilización de las variedades cañeras y la escasa explotación de las áreas dedicadas a la ganadería, así como ineficiente organización de la cosecha y el transporte”.

La pregunta inmediata es ¿Quién debe ser cesado por tales deficiencias de gestión? Incumplimiento de horarios y de jornada laboral es inexcusable en cualquier organización productiva y solo puede venir motivado por la dejadez. La mala preparación de suelos y de semillas obedece a deficiencias técnicas que se pueden corregir con formación aplicada en el puesto de trabajo. La incorrecta utilización de variedades cañeras es incomprensible en un país que fue primera potencia mundial en la producción de esta mercancía desde los años 40 del siglo pasado. Por último, la escasa explotación de la ganadería y la ineficiente organización de las cosechas y transporte, vuelve a situar el problema en su origen, en la inadecuada organización de la estructura productiva. ¿A quién responsabilizar de este desastre técnico y productivo?

Además, se destacó en la reunión el interés en “disminuir los costos de la tonelada de azúcar y la búsqueda de mayor valor agregado, o sea, elevar los índices de producción en los derivados de la caña, que incluye su procesamiento como alimento animal, en particular para el ganado vacuno”. Es evidente que la decisión de Fidel Castro de cerrar los ingenios azucareros a comienzos de siglo XXI sigue siendo una pesada losa sobre un sector que no acaba de levantar cabeza. Al menos aquí es conocido el verdadero responsable.

También se trataron deficiencias asociadas a “la mala calidad del módulo de ropa y el calzado, así como de algunos implementos como la lima” asuntos sobre los que Machado Ventura llamó a resolver sin mayor dilación. No merece comentarios.

Por último, “se prestó atención a las inquietudes relativas a la obsoleta maquinaria y de las piezas para la mecanización y el transporte, sostuvo que se consolida una estrategia de solución progresiva atendiendo a determinadas prioridades”. Para terminar diciendo que “ahora toca ahora hacer las cosas bien”. La falta de inversión en equipamientos lastra el potencial de la economía trabajo intensiva. Tirar balones fuera no es la solución para afrontar este problema, sino desviar recursos del estado a las inversiones, lo que es difícil con las restricciones de gasto existentes.

Por último, el cómo hacer las cosas bien es lo que preocupa. Los problemas procedentes del diagnóstico realizado en Colón son efectos, y no la causa. Para avanzar en la solución de la ineficiente estructura productiva agraria, las soluciones tienen que ser de mayor calado. Es evidente que la organización técnico productiva existente no es la más adecuada. Las estructuras como las UBPC o las UBE pertenecen a la rémora estatal castrista, dominadas por conceptos ideológicos que impiden la necesaria flexibilidad productiva.

Los experimentos reformistas en el sector agropecuario castrista no darán los resultados previstos hasta que la estructura de la propiedad de la tierra se dirija, de forma decidida, hacia los privados, dejando libertad para invertir, producir, contratar y hacer crecer sus tierras hasta alcanzar las economías de escala. Las estructuras propias del régimen castrista son ineficientes y no van a dar solución al problema de la escasez.

24 de junio de 2015

¿Por qué no puede funcionar la compraventa de vivienda en Cuba?

Elías Amor Bravo, economista

Un artículo en Granma, “Compraventa de viviendas, ¿qué hacer?” viene a poner de manifiesto que pese a que ya lleva tres años en vigor el Decreto-Ley No. 288, que modificó la Ley General de Vivienda para autorizar determinadas operaciones entre particulares, lo cierto es que su aplicación ha sido un fracaso y deja mucho que desear, como otras muchas reformas de los llamados “Lineamientos”.

En ocasiones, hemos destacado que el tipo de políticas económicas que se necesitan en la economía castrista no pueden ser parches más o menos superficiales, sino reformas estructurales en profundidad, y en este ámbito de la vivienda, si cabe, es más importante aún.

El principal problema de la compraventa de vivienda en Cuba tiene su origen en la maraña jurídica e institucional creada por las confiscaciones masivas de derechos de propiedad que comenzaron bien pronto, nada más iniciar sus actividades el nuevo régimen revolucionario en 1959. La apuesta por el marxismo leninismo, la intervención central de la economía y la eliminación de los derechos de propiedad y la libre empresa, trastocaron la exitosa senda histórica de la economía cubana, convirtiéndola en un parásito dependiente de ayudas y subvenciones del exterior, primero soviéticas y después chavistas.

En tales condiciones, el capital residencial existente en Cuba en 1959 quedó destruido tras las expropiaciones sin compensación, y a resultas de ello, como he tenido ocasión de exponer en otras ocasiones, no sólo los actos de transmisión de la propiedad de vivienda quedaron al margen de la ley, apareciendo en la economía informal sistemas de trueque, permuta y cambio que no han hecho más que complicar la situación inicial de partida, pero que eran la única solución posible para dar salida a las necesidades de vivienda, más aún cuando la construcción de vivienda nueva ha sido una de las asignaturas pendientes en la economía castrista.

De la noche a la mañana, y tras medio siglo de represión y proscripción de las transacciones de la vivieda, de la noche a la mañana, la entrada en vigor el Decreto-Ley No. 288 —modificativo de la Ley General de la Vivienda— vino a eliminar, de forma parcial, absurdas prohibiciones ideológicas relacionadas con la compraventa de residencias permanentes entre personas naturales. Pero, no cabe duda que existe preocupación por el bajo nivel de cumplimiento de la Ley y su escasa aplicación en la sociedad cubana.

Lo primero que sorprende de esta reforma es la utilización que el régimen quiere hacer de los fedatarios públicos, los notarios, como si fueran agencias inmobiliarias. En vez de liberalizar el mercado, propiciando la aparición de empresas de este sector especializadas en la oferta y demanda de vivienda de compra y alquiler, en general, el régimen utiliza una figura próxima a la intervención estatal, el notario, para la formalización de las operaciones en la sede donde se encuentra enclavado el inmueble y por el precio que acuerden libremente las partes. Allí donde no existan notarios, ¿qué operaciones se podrán realizar?

La norma establece que las partes de la operación de compraventa pueden ser personas naturales cubanas con domicilio en el país, incluidas las que ostentan la condición migratoria de residentes en el exterior y los extranjeros residentes permanentes en el territorio nacional. Limitar a personas naturales las operaciones, deja fuera a muchos potenciales compradores como por ejemplo las cooperativas. Además, la realidad y el sentido común confirman que muy pocos cubanos residentes en el exterior, y que forman parte de la diáspora histórica que arranca en la década de los años 60, han podido activar este tipo de operaciones con sus bienes inmuebles. Por otra parte, los extranjeros desconfían de los títulos de propiedad que se aportan en las operaciones. El mercado, qué duda cabe, está autolimitado.

El procedimiento de compraventa, que exige la presentación de un título de propiedad que pocos cubanos pueden acreditar de manera solvente, incluso que carecen del mismo, suele acabar en un depósito en entidad bancaria, lo que plantea no pocos problemas en un país en que la gente, en general, no está acostumbrada a utilizar los servicios de los bancos. La complicación asociada a tener que abrir una cuenta exclusivamente para justificar la transferencia de los fondos, y el convencimiento del control que el régimen realiza de esos fondos por la vía del control del sistema bancario, producen una alerta en los compradores y vendedores.

Pero volvamos a la cuestión más relevante. Como se señala en el artículo de Granma, el régimen reconoce que esta norma es de aplicación limitada y parcial, ya que existen derechos que no se pueden transmitir, como por ejemplo “el uso y la habitación, hay personas que usan y disfrutan la vivienda de propiedad estatal gratuitamente”, los usufructuarios gratuitos, que obviamente carecen de la facultad de disposición de la vivienda, porque no son sus propietarios. En estos casos, habría que valorar de que supuestos se trata realmente, y quién es el propietario real de la vivienda, ¿el estado que expropió y permite el usufructo gratuito, o el expropiado sin derecho a compensación?

El marco normativo está igualmente limitado porque los compradores, en la audiencia notarial donde se formaliza el contrato de compraventa, están obligados a declarar, bajo juramento, que no poseen otra vivienda de residencia permanente en propiedad. El régimen castrista no quiere que los cubanos acumulen viviendas en propiedad, y sobre todo, a ver quién puede entrar en esa dinámica de “juramentos”, con las consecuencias legales que se pueden derivar de los mismos.

La imposición de la compraventa es otro aspecto controvertido. Pagar un impuesto del 4% sobre el precio del inmueble puede parecer una cantidad pequeña, pero la cuestión es por qué el régimen utiliza como instrumento de recaudación operaciones que muchas veces se producen por necesidades de tipo asistencial. Al situar la vivienda como hecho imponible, sin un marco jurídico estable de derechos de propiedad para el conjunto de los activos existentes y de la población que puede participar en el proceso, se crean distorsiones sobre los precios relativos que pueden estar actuando una vez más sobre el crecimiento de las operaciones. Además, la imposición a los notarios que median en las operaciones de informar a las oficinas de administración tributaria de las operaciones realizadas, lleva a muchos a desconfiar ante previsibles inspecciones en las que se indague por el origen del dinero utilizado en la operación de compra, por ejemplo.

Es evidente que se necesita otro modelo jurídico de derechos de propiedad para la vivienda en Cuba, pero antes, hay que poner el marcador a cero y restituir a los legítimos propietarios los activos confiscados, o su valor de compensación. Sin esa medida, absolutamente imprescindible para que el sistema vuelva a funcionar, nada podrá avanzar.

22 de junio de 2015

Previsiones de la economía castrista (según Murillo)

Elías Amor Bravo, economista

La verdad es que el interés por el comportamiento de la economía castrista a corto plazo, es algo que se tiene que llevar en la sangre. En ausencia de indicadores de coyuntura como en otros países, hay que recurrir a lo que se tiene.

Asombroso se puede calificar el titular de Granma, “Economía cubana crece en torno a lo previsto”, que da cuenta de una reunión del Consejo de Ministros del pasado viernes, presidida por Raúl Castro, dedicada al análisis “del desempeño de la economía cubana durante los primeros meses del 2015 y sus pronósticos para el cierre del año”. Casi nada.

Según Granma, el Producto Interno Bruto (PIB) de Cuba crecerá poco más del 4 % en el primer semestre del 2015, dato confirmado por Marino Murillo, titular de Economía y Planificación. Cifra sorprendente si se tiene en cuenta que América Latina lo hace a mucho menos. En ausencia de referencias objetivas, aun estamos esperando a ver en qué se basa esta previsión de quienes llevan décadas planificando e interviniendo en una economía, donde todos los medios de producción son de propiedad estatal, y que, sin embargo, de forma sistemática yerra una y otra vez los cálculos.

La nota de Granma se limita a señalar que “comparadas con el 2014, todas las actividades crecen y las cifras más altas se concentran en la industria azucarera y la manufacturera, la construcción y el comercio”. Sinceramente, los últimos datos sobre producciones agrarias distribuidos por la ONE recientemente, no ofrecen motivos para ser optimistas. Además el propio Murillo se descalifica al denunciar más adelante escaseces en los mercados. 

Por otra parte, la industria azucarera sigue moviéndose a niveles muy bajos de cumplimiento de los planes y en la fecha actual un elevado número de ingenios se mantienen cerrados o con problemas para organizar la producción. 

Finalmente, la construcción de vivienda, por ejemplo, sigue siendo un agujero negro en lo que se refiere a la construcción estatal, y la que se construye por "esfuerzo propio" es una actividad de coraje cuya viabilidad depende de mercados negros, poco transparentes en los que priman unos costes muy elevados que desincentivan cualquier actividad. 

Sorprende que en este balance aventurado por Murillo de los sectores que mejor funcionan en la economía castrista no se hayan referido, por ejemplo, al turismo, al que no se puede negar su dinámica más favorable en el primer trimestre, o a las telecomunicaciones, donde cabe hablar de un auténtico revulsivo en la sociedad cubana ansiosa de comunicar y conectar con el resto del mundo. Al parecer estas actividades no mejoran para el analista Murillo.

Por el contrario, las actividades o sectores donde se registran los habituales “incumplimientos” de la planificación intervencionista de la economía, según Murillo, se localizan, sobre todo, “en transporte, almacenamiento y comunicaciones”. El primero ha experimentado un auge muy importante de la iniciativa privada, sobre todo en la actividad con mayor peso en el total, el transporte de mercancías por carretera. Es evidente que algo no funciona. El almacenamiento, como es sabido, continúa siendo un monopolio absoluto del estado castrista, que sigue manteniendo una adversidad manifiesta hacia el rol social de los intermediarios privados. Así les va.

La nota de Granma insiste que “la balanza comercial muestra un comportamiento positivo durante el año”. Habrá que ver si eso realmente es así, y sobre todo cómo se ha conseguido. Dada la dependencia que tiene la economía castrista del exterior, ese posible saldo positivo puede estar apuntando a una baja demanda interna, ya que el potencial exportador no parece que haya mejorado en algo. 

Sin embargo, Murillo no dejó perder la ocasión para señalar que continúan “presentes tensiones en las finanzas externas”. Dicho de otro modo, a pesar de los acuerdos con el Club de París y algunos países, como Uruguay, para la condonación de la deuda castrista acumulada desde 1986, no parece que el régimen tenga facilidades para acceder a los mercados mundiales de financiación, y ahora, si me lo permiten, echarle la culpa al "embargo" puede estar fuera de contexto.

Murillo informó que “se ha mantenido inestable la presencia de varios productos alimenticios en la red de tiendas en divisas, debido a que no se cumplen las producciones nacionales y las importaciones para ese mercado interno en surtidos como queso, pollo, embutidos, picadillos y salchichas”, o dicho de otro modo, subsisten los problemas básicos de alimentación y comida de los cubanos, con el agravante de que las reformas impulsadas desde 2006 por los “Lineamientos” no están dando los resultados esperados y ahora, la amenaza es la inflación, con unos precios desorbitados. 

La situación es grave pero puede complicarse mucho más. En un comercio Spar en La Habana, una botella de litro de aceite ya se paga a 14 CUC, conviene tener en cuenta que el salario medio mensual en Cuba no supera los 18 CUC. El problema, además, es que las soluciones que plantea Murillo al problema son inadecuadas, como por ejemplo “destinar adicionalmente 40 millones de dólares para la adquisición de dichas mercancías”. Si en vez de recurrir a las prácticas de la libreta de racionamiento se liberalizase plenamente la estructura económica, verían como los precios bajarían y los mercados se inundarían de productos de consumo.

El recuento de dificultades de Murillo describe un cuadro que, en términos macroeconómicos, se puede calificar de alarmante y que, en cualquier país democrático, debería suponer dimisiones de los gestores. Problemas en el “transporte de cargas que han provocado afectaciones en el comportamiento de la economía, pagos excesivos por concepto de estadía de contenedores y buques lo que se relaciona igualmente con las dificultades con la transportación, además la no materialización de las inversiones previstas para el 2014 y el 2015 por falta de partes, piezas y agregados o problemas en los talleres para brindar servicios, así como la persistencia de problemas organizativos y baja disponibilidad técnica del sistema ferroviario y automotor”. De esta descripción, se puede concluir fácilmente que la economía castrista no puede estar creciendo al 4%.

El ministro terminó exponiendo algunos indicadores relativos a los incumplimientos en la construcción de viviendas, la necesidad de ahorro de agua por los bajos porcentajes de embalse de las mismas, la dinámica de la ocupación laboral que se mantiene prácticamente estable, o el comportamiento del déficit fiscal, anclado en el 4,2% del PIB, eso si, inferior al previsto, del 6,2%.

Con estos mimbres, el ministro anuncio que la proyección para 2016 comentó tendrá “metas cuyo alcance depende de acciones que deben ejecutarse desde ahora, dirigidas a crear infraestructura, incrementar capacidades constructivas y de transportación, suministrar recursos que contribuyan al desarrollo, a las energías renovables, al sector exportador y a la sustitución de importaciones, para lo cual se aprobaron un conjunto de medidas”. Más de lo mismo.