6 de febrero de 2016

¿Por qué no puede funcionar el sector de la construcción en la economía castrista?

Elías Amor Bravo, economista

Tengo la impresión que en la economía castrista hay quiénes piensan que los hechos y fenómenos económicos responden a las decisiones políticas, las leyes y disposiciones administrativas que emanan del estado. No es asunto baladí. El sistema económico ideado por los Castro en 1959 suprimía los derechos de propiedad privada, la libertad económica de elección y supeditaba todo el proceso productivo a la intervención directa del estado. Una combinación mortífera para cualquier economía. Y así llevan 57 años.

El tema que nos ocupa se suscitó ante una información publicada en el diario oficial Granma sobre la venta de materiales de la construcción en la red de tiendas destinadas a la comercialización de los mismos en Villa Clara. Según, la  ministra de Comercio Interior, Mary Blanca Ortega Barredo, se habían vendido más de 2.300 millones de pesos el pasado año, una cifra muy superior a los 760 de 2011 cuando se inició el programa en el país.

En declaraciones a la prensa, la ministra reconoció que a pesar del crecimiento experimentado en la actividad en todas las provincias, la producción aún no cubre toda la demanda, en especial la de productos como el acero y el cemento, y señaló que su departamento estaba buscando alternativas viables que puedan paliar la situación.

Nada más y nada menos que todo un ministerio organizando la producción y venta de materiales de construcción. Quién sea capaz de poner puertas al campo, que lo haga. Si no, que se retire. El modelo de intervención estatal en la economía no sirve para organizar una actividad como la construcción de vivienda. Esta es una actividad de naturaleza privada que responde al deseo de las familias de acceder a una residencia en condiciones de calidad, para la cuál el trabajo, los ingresos y el ahorro son el motor que impulsa la apuesta individual por lo que supone la mayor inversión en la vida de las personas. Conceptos de racionalidad económica sencillos que se deberían tener muy en cuenta por los responsables de la economía castrista.

¿Cómo se puede pretender que algo tan importante para la vida de las personas sea intervenido integralmente por el estado con un ministerio? El estado ruinoso del parque de la vivienda en Cuba, su escasez y antigüedad, son el ejemplo más evidente de esta política equivocada que quiere combinar decisiones desde el ámbito de la producción de los materiales, la construcción posterior de las viviendas, hasta los supuestos subsidios entregados a las familias para la adquisición las mismas, en su caso.

En cualquier economía privada o mixta, el estado puede llegar a intervenir en el mercado de la vivienda. Y lo puede hacer facilitando el acceso de las nuevas construidas o la rehabilitación de las antiguas y deterioradas. 

En ultima instancia, hasta puede asumir una determinada regulación. Pero el estado, un ministerio, no puede ni debe, dedicarse a construir nada. Quien debe asumir ese papel es la empresa privada que contrata libremente trabajadores, paga sueldos, fija condiciones de producción y de precios, y finalmente atiende a una demanda que tiene unas determinadas preferencias e ingresos.

Un ejemplo de esa falta de sintonía entre las condiciones de la oferta y la demanda se muestra en el artículo de Granma. ¿Cómo se puede explicar que la venta de barras de acero, elemento fundamental para la construcción, alcanzó 39.000 toneladas, por encima de las 900 vendidas anteriormente?  ¿Cuál es el nivel básico a atender y cómo se puede dar respuesta eficiente?

Si en vez de centralizar todas las decisiones de producción en un sólo órgano ministerial se permitiera la aparición de empresas privadas que se dedicaran, a nivel local o provincial, a las tareas de producción y venta, el resultado sería más fácil de conseguir.  Es curioso el método de planificación de los excedentes, difíciles de comprender cuando se controla la oferta y demanda por un órgano único. La idea que tienen es que los excedentes pasen a integrarse en unos “recursos aprobados en el plan de la economía que no se ejecuten por las industrias en el tiempo planificado, destinados al ministerio de Comercio”. La pregunta es, ¿qué piensa hacer el ministerio con todo ese material sobrante? ¿Cuál es el nivel de despilfarro de recursos que paraliza a la economía castrista?

¿Son las nuevas “formas de gestión” aprobadas, como las cooperativas no agrarias, la solución? En absoluto. El problema no se resuelve con actuaciones superficiales sino que exige remedios de fondo. La llegada de la libre empresa a Cuba es necesaria para mejorar la producción del país. Ya no se puede experimentar más, ni perder más tiempo esperando que se produzca un milagro, porque la experiencia de los llamados Lineamientos, no dará solución a los problemas planteados. Las transformaciones que experimenta el sector comercial no sirven para dar respuesta a las necesidades de la sociedad, y cuanto antes reaccionen será mejor. La realidad es que el tiempo se les acaba.


5 de febrero de 2016

La economía castrista y la cuarta revolución industrial

Elías Amor Bravo, economista

En diversas ocasiones, hemos tenido ocasión de mostrar por qué la economía castrista representa un modelo fracasado cuya resistencia a cambiar (los Lineamientos) obedece a razones puramente ideológicas. Después de 57 años de aplicación de políticas que han generado baja productividad, pobreza y cada vez mayor desigualdad, no existe indicador alguno que permita constatar un giro de 180º en el estado de las cosas.

El régimen no cede en sus postulados. Y ahora, además, se embarca en una planificación estratégica a 30 años, de la que poco se ha difundido, para afrontar los retos de largo plazo, muchos de ellos relacionados con la misma ineficacia del modelo. Los economistas saben las dificultades que se derivan de la mezcla de variables endógenas y exógenas. Una combinación explosiva, que impide observar, con objetividad, los temas clave que subyacen a la economía castrista: la baja competitividad, la falta de innovación tecnológica y el declive demográfico, tres amenazas que están directamente provocadas por el régimen instaurado en 1959.

A mediados de la década de los años 50, Cuba ocupaba una posición solvente en la economía mundial. Su potencial azucarero, con una producción masiva en la que se empezaba a introducir la tecnología para diversificar la oferta e introducir procesos productivos más eficientes, la situaba como una de las principales proveedoras mundiales de azúcar. Otros sectores iban abriéndose camino y diversificando la estructura productiva nacional, con especial atención a los servicios e inmuebles. Las bases para el despegue económico estaban bien arraigadas. De no haberse producido el choque de 1959, la economía cubana en 2016 se encontraría, sin duda, en condiciones muy distintas a las actuales. Con la historia no es conveniente formalizar este tipo de hipótesis, pero cuesta resistirse a un análisis comparativo de estas características.

El problema es que el tiempo no pasa en balde. En las condiciones actuales, Cuba no está preparada para afrontar los grandes retos de lo que algunos denominan la cuarta revolución industrial, de la que mucho se ha hablado en Davos hace pocos días. Una revolución básicamente asociada a las nuevas tecnologías de la información y comunicación. La economía castrista no solo se encuentra retrasada en términos de infraestructura, sino que los bajos niveles de digitalización y la escasa aplicación de las nuevas tecnologías en la sociedad y el tejido productivo, colocan a la economía cubana a más de 50 años de retraso con respecto a otros países del entorno. Muy mala herencia si en menos de una década habrá que familiarizarse con cuestiones como la inteligencia artificial, los robots, el software de automatización, la bio nanotecnología, sobre las que, mucho me temo, la economía estatal sin derechos de propiedad que existe en la Isla tiene muy poco que decir.

Cuba no tiene empresas tecnológicas, es más, las empresas del conglomerado estatal asociado a la seguridad social y el ejército carecen de medios y recursos para adaptarse al lenguaje y los procesos de esta cuarta revolución industrial. Realmente no han pasado por las tres anteriores. Además, el régimen se declara incapaz de atraer este tipo de empresas del resto del mundo. Obsérvese, sino, la cartera de proyectos con la que se pretende interesar a los inversores internacionales y la sorpresa al comprobar el escaso énfasis en proyectos de nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Sin lugar a dudas, la economía castrista mantiene un enfoque autárquico y atrasado más propio de mediados del siglo pasado que de la aldea global del XXI. Pésima herencia para el futuro. No cabe la menor duda.

Además, la investigación que se realiza en la isla, salvo contadas excepciones, no se ha dirigido hacia el sistema empresarial productivo, ni se ha orientado por la óptica del beneficio y la rentabilidad sostenible, aspectos que siguen estando fuera de cualquier diseño de política económica castrista. Lo que no deja de ser irónico si se tiene en cuenta que la mayoría de expertos sostiene la necesidad de orientar la I+D hacia la empresa para que contribuya a la creación de riqueza, la consolidación de las industrias y la innovación y el desarrollo sostenible.

A lo largo de estos 57 años, las autoridades responsables de la economía castrista no han prestado el apoyo necesario a la innovación empresarial, ni han sido capaces de atraer recursos económicos ni generarlos de forma eficiente. El elevado nivel de endeudamiento mantenido durante más de 30 años ha cerrado el paso a la financiación en los mercados de capitales, generando una persistente escasez de recursos que se ha tenido que compensar con el recurso a la demagogia del embargo y al sostenimiento de los dólares bolivarianos. Los niveles de inversión en infraestructura sobre el PIB en Cuba apenas alcanzan un 8%, de los más bajos del mundo, sin que se impulsen las obras necesarias para impulsar el crecimiento económico.

Por otra parte, las grandes empresas monopólicas del régimen se han dedicado a reciclar los recursos obtenidos hacia el estado, su propietario, que ha destinado esas ganancias hacia unos gastos corrientes en aumento que impiden cerrar el déficit de las cuentas, situado en términos oficiales en el 5% del PIB.

De ese modo, estas empresas estatales han carecido de capacidad para innovar, diseñar nuevas productos y servicios, o mostrar el interés necesario en recompensar a sus “accionistas” en este caso, el estado, sin aprovechar los efectos benéficos de la innovación sostenible orientada al mercado y además, eficiente, en cuanto al uso de recursos.

Además, no existe en la economía castrista una educación empresarial adecuada. El régimen castrista, desde 1959 destruyó la figura del empresario, llegando a convertir a los “intermediarios” en enemigos de la llamada revolución. No se han fomentado los valores asociados a la libre empresa, ni se ha explicado por qué y cómo los empresarios pueden ser fundamentales para el futuro económico de la nación. Utilizando epítetos ofensivos, como “macetas”, e incluso apelativos como “cuentapropistas” el régimen nunca ha sido capaz de fomentar la atracción del talento joven a la actividad emprendedora, con sus consecuencias sobre la productividad y la economía.

Es necesario promover una “educación para emprendedores” en el sistema educativo castrista antes que sea tarde para hacerlo. Una reforma educativa en profundidad que sirva para potenciar cualificaciones y competencias que no existen en el sistema actualmente y que son necesarias para la consolidación de una economía productiva. Aspectos como el marketing, la logística empresarial, la gestión de los recursos humanos, la política de compras estratégica, la responsabilidad de las empresas con los accionistas y los stakeholders, deberán ser introducidos en las escuelas de negocios que necesariamente se tendrán que promover, combinados con el acceso al conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.

La economía castrista no está preparada para la cuarta revolución industrial.

28 de enero de 2016

El impacto de las nuevas medidas EEUU sobre la economía castrista

Elías Amor Bravo, economista

El régimen castrista está de celebraciones.

Los departamentos del Tesoro y de Comercio de los Estados Unidos han anunciado el pasado martes nuevas medidas relacionadas con Cuba, en materias sensibles como las transacciones financieras, las exportaciones y los viajes. La noticia ha sido bien acogida en el régimen castrista que, de manera inmediata, se ha lanzado a presentarla como un éxito en el diario oficial Granma.

El alcance de estas medidas, sus implicaciones y efectos para la economía castrista y, los resultados que cabe esperar de las mismas es una cuestión que ha atraído el interés de los analistas y observadores de estos temas. Este será el objetivo de este post.

En materia de transacciones financieras, que tanto necesita el improductivo sistema económico del régimen para compensar la pérdida a corto plazo de la generosa subvención procedente de los dólares bolivarianos, este nuevo paquete de la administración Obama tiene como objetivo principal la concesión libre de créditos a las instituciones financieras de Estados Unidos (bancos comerciales estadounidenses que radiquen en su territorio, o fuera de este, y también a los de otros países radicados en EEUU, por ejemplo, los bancos españoles acreditados en EEUU que operan en Cuba) para suministrar financiación, incluidas las cartas de crédito, a las exportaciones o reexportaciones autorizadas, exceptuando las ventas agrícolas que por ley están sujetas a pagos en efectivo por adelantado.

En suma, la financiación de las exportaciones de EEUU a Cuba es una realidad, lo que reduce el riesgo financiero de quién debe pagar, en este caso, el régimen. Conviene tener en cuenta que otros países que comercian habitualmente con la Isla, como España, poseen estos mismos sistemas de financiación de la exportación acompañados de generosas pólizas de seguro que tratan de dar cobertura a posibles quebrantos en las relaciones comerciales con el régimen. Nada nuevo, por tanto.

Habrá que valorar el impacto que tiene esta medida sobre la corriente exportadora de EEUU a Cuba, y si realmente contribuye a su incremento, pero no parece que vaya a ser muy significativo si se compara con los resultados de otros países. Los intereses de los granjeros proteccionistas de Arkansas pueden estar bien protegidos, pero la capacidad de endeudamiento del régimen castrista es limitada. Y eso lo sabe todo el mundo.

La operatoria de los bancos extranjeros radicados en Cuba era un asunto controvertido que había venido creando problemas a las instituciones financieras en sus relaciones internacionales con demandas en los tribunales de EEUU, que terminaban siendo archivadas. En cierto modo, despejada la deuda de los Castro con el Club de París no tenía mucho sentido mantener una exigencia de solvencia que, en cualquier caso, puede verse deteriorada en cualquier momento en el futuro. De ahí que ahora la responsabilidad recaerá en quienes otorguen su confianza a aquellos que, en general, no tienen una historia crediticia muy solvente.

En el ámbito de las exportaciones, los resultados son controvertidos. Poco después del acuerdo de diciembre de 2014, que iniciaba el deshielo en las relaciones entre el régimen castrista y la administración Obama, se autorizó la exportación de productos norteamericanos a Cuba, específicamente materiales de la construcción, equipamiento y herramientas para uso del sector no estatal, así como el equipamiento y herramientas para la actividad agrícola, también no estatal. Además, se aprobó la reexportación desde un tercer país de artículos estadounidenses para actividades científicas, arqueológicas, culturales, ecológicas, educacionales, deportivas, investigaciones, de preservación histórica y reuniones profesionales.

No parece que las exportaciones hayan tenido la dinámica que, en su momento, se preveía. El sector no estatal en la economía castrista apenas ha adquirido la dimensión y capacidad suficientes para ser un buen cliente de los Estados Unidos. En vez de atender las razones que realmente limitan esa capacidad de gasto, que no son otras que las imposiciones del régimen y la voluntad política que ese sector privado no adquiera dimensiones que puedan poner en peligro el poder político castrista, los negociadores de EEUU lanzan balones fuera y anuncian, a partir de ahora, en materia de exportaciones, nuevas medidas que contemplan una política general de aprobación de licencias para productos agrícolas, así como insecticidas, pesticidas y herbicidas.

También, se incluyen nuevas licencias para equipos destinados a la seguridad de la aviación civil y los vuelos comerciales internacionales, incluyendo aviones arrendados a empresas de propiedad estatal. Esto último está directamente relacionado con los acuerdos preliminares sobre los vuelos comerciales entre ambos países de diciembre del pasado año.

Además, se ha abierto de forma muy notable la concesión de licencias para las exportaciones y reexportaciones de mercancías y programas informáticos destinados a organizaciones de derechos humanos, personas físicas y organizaciones no gubernamentales que promuevan la actividad independiente en Cuba; y en el área de las telecomunicaciones, la entrada de equipos al país.

Una vez más, la administración Obama ha puesto especial atención en la concesión de licencias específicas para las exportaciones y reexportaciones de productos dirigidos a satisfacer las necesidades del pueblo cubano, pero a partir de ahora se incluyen las compras que realicen las empresas estatales, agencias y organizaciones del Gobierno cubano.

Los analistas han interpretado esta cesión como una muestra de debilidad de Estados Unidos, que finalmente ha tenido que reconocer la realidad de una economía en la que más del 65% del PIB es controlado por el estado, y en el que el consumo privado compite con un consumo estatal propiciado por las políticas garantistas del régimen, que están en la base de la coerción ejercida sobre los ciudadanos. Con esta medida, el sector no presupuestado castrista podrá aumentar su participación en el suministro de alimento y enseres a los cubanos, un claro retroceso con respecto a la libertad económica y el desarrollo de los mercados.

De ese modo, los productos agrícolas, las creaciones artísticas, la educación, el proceso de alimentos, la preparación, respuesta y recuperación de desastres, la salud pública y sanidad, la construcción y renovación de viviendas, transporte público, y la construcción de infraestructuras dirigidos a satisfacer las necesidades del pueblo cubano, pero suministrados por entidades del sector presupuestado, es decir, estatales, pasan a formar parte de las autorizaciones a la exportación que entran en vigor.

La aceptación de la participación del régimen y su aparato de poder económico en la corriente de bienes y servicios procedentes de Estados Unidos supone una victoria del castrismo que obtiene un reconocimiento parcial de su hegemonía y trasmite una clara señal de que cualquier proceso económico en la Isla pasa por el marco de las relaciones del régimen, que no está dispuesto, bajo concepto alguno, a ceder poder. La aceptación de la participación del estado castrista en las negociaciones que hasta ahora se dirigían al fomento de la actividad no estatal, es, digámoslo claramente, una victoria del régimen.

El acuerdo contempla, eso si, la continuidad de la política general en vigor, consistente en denegar las exportaciones y reexportaciones de artículos por parte de empresas estatales, agencias y otras organizaciones del Gobierno cubano que generen esencialmente ingresos para el Estado, como es el caso de la extracción o producción de minerales y otras materias primas, el turismo, las fuerzas armadas, la policía, los servicios de inteligencia y los órganos de seguridad.

Por último, los viajes. Además de las exportaciones y la financiación crediticia, los acuerdos han hecho referencia, igualmente, a los viajes a Cuba, en particular la autorización para la investigación de mercado, mercadeo comercial, negociación de contratos y ventas, entregas acompañadas, y la instalación, arrendamiento u ofrecimiento de servicios en nuestro país. Por otra parte, se autorizan las estancias de corta duración del personal que opera o presta sus servicios a las embarcaciones y aeronaves que transportan pasajeros entre los dos países.

Se han aprobado, igualmente, los viajes y otras transacciones relacionadas con la producción profesional mediática o artística, incluyendo la filmación o producción de programas de los medios de comunicación (como películas y programas de televisión), grabaciones de música y la creación de obras de arte, incluyendo la contratación de nacionales cubanos y el envío de regalías u otros pagos.

Además, los nuevos acuerdos extienden la licencia general que se otorgaba para la asistencia a eventos organizados en Cuba, de modo que ahora también permite la organización de reuniones y conferencias profesionales, así como los viajes y transacciones relacionadas con la organización de competencias de federaciones deportivas internacionales amateur y semi profesionales, espectáculos públicos, clínicas, talleres, otras competencias atléticas y no atléticas, así como exhibiciones. Además, se eliminan los requisitos de que las ganancias de los eventos sean donadas a ciertas organizaciones, así como la obligatoriedad de que algunos eventos sean dirigidos parcialmente por viajeros estadounidenses.

El régimen no puede menos que mostrar su satisfacción con este nuevo paquete de medidas de la administración Obama, y de hecho, Granma lo califica como “otro paso de avance en las relaciones entre ambos países y confirman que aún es posible continuar vaciando de sentido al bloqueo que pesa sobre Cuba, a partir de eliminar las restricciones que no están codificadas en ley”.

Sin embargo, aprovecha cualquier foro para volver a la carga, como en el CELAC. Al mismo tiempo, las autoridades del régimen se quejan de que las nuevas decisiones vuelven a dejar fuera la posibilidad de utilizar el dólar en las transacciones financieras internacionales cubanas, algo que sin dudas encarece y entorpece todas las negociaciones de nuestro país. Un factor que, no cabe la menor duda, condicionará la unificación monetaria que desean las autoridades,y que esconde graves dificultades en cuanto a su implementación.

Otro aspecto que recibe las críticas del régimen es la limitación a determinados servicios de las exportaciones permitidas a las empresas estatales cubanas, al tiempo que se requieren evaluaciones y licencias específicas. A ello se añade que no se amplía a otros sectores lo aprobado para el de las telecomunicaciones, donde hoy es posible hacer inversiones, vender a empresas del Estado cubano servicios, software, dispositivos y equipos, aunque no de alta tecnología. Se destaca, además, que otros aspectos que no se tocan aún, son los relacionados con las exportaciones hacia Estados Unidos y el de la autorización de los viajes de ciudadanos estadounidenses a Cuba, bajo la sombrilla de los intercambios pueblo a pueblo individuales. La cuestión es qué puede exportar Cuba en las condiciones actuales a Estados Unidos que este país necesite y esté en condiciones de adquirir.

Lo siento. Cualquier país del mundo puede realizar actualmente con el régimen castrista muchas más operaciones que las ahora autorizadas. Sin embargo, ello no ha servido para que la democracia y las libertades se abran camino en la Isla, y mucho menos, para que los cubanos vivan mejor. Alguien debería avisar a los que se han integrado en el proceso negociador entre EEUU y los Castro, que la libertad económica, aun siendo necesaria para cualquier avance político, no es suficiente en la Isla por el extremo poder que ejerce el régimen sobre la sociedad. Convendría pensar más en estas cosas antes de continuar con las regalías.